Delgado se refirió a esta cuestión en el Congreso, donde esta tarde comparece para dar cuenta de las Memorias de su institución correspondientes a 2017, 2018 y 2019, así como para valorar la proposición de ley que busca derogar el artículo 315 apartado 3 del Código Penal, referido al castigo para los piquetes que hacen uso de violencia en las huelgas.

Durante esta intervención, Delgado se refirió a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que impulsa el Gobierno y que, entre otros aspectos, contempla que los fiscales investiguen las causas penales y que los jueces se reserven el cometido de proteger los derechos de los acusados.

La fiscal general defendió esta reforma planteada por el Ejecutivo, ya que es generalizada en el entorno de España, que dijo es una excepción al seguir llevando los jueces la instrucción penal. Sostuvo que entre los juristas españoles hay una mayoría favorable al cambio salvo algún “nostálgico”.

“PERFIL AUTÓNOMO”

No obstante, indicó que, para que tenga éxito el modelo de fiscal instructor, es necesario “dotar a la institución de un perfil autónomo capaz de gestionar sus recursos personales y materiales”, de forma que “se acabe definitivamente con la imagen suspicaz de la Fiscalía como un negociado del Ministerio de Justicia”.

Apuntó que “los principios constitucionales de actuación y dependencia jerárquica” son básicas para los fiscales, pero señaló que son necesarios también unos “estándares de autonomía” y “de independencia” respecto al Ministerio de Justicia.

Para conseguir esta autonomía, Delgado habló de la necesidad de afrontar una serie de modificaciones, como un nuevo Estatuto Orgánico de la Fiscalía, cuya redacción destacó que está en manos de los partidos políticos.