Este caso llegó a la justicia europea a través de una consulta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por una denuncia de la compañía Promociones Oliva Park.

Este impuesto está vigente desde el año 2012 y fue creado por el Gobierno de Mariano Rajoy para reducir el déficit eléctrico generado por las primas a las renovables. Desde entonces, ha recaudado algo más de 10.000 millones de euros.

En 2018, la actual vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, decidió suspender durante seis meses la aplicación de este impuesto para rebajar la factura en un momento en que su coste era muy elevado.

Antes de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana trasladara su consulta al TJUE, este impuesto fue validado en España por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Supremo.