Así lo afirmó la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa que ofreció al término del Consejo de Ministros cuando se le preguntó por el informe publicado por el Consejo de Estado y que Montero subrayó que se muestra “favorable” al proyecto normativo remitido por el Gobierno.

La portavoz insistió en que el organismo que preside María Teresa Fernández de la Vega es un órgano consultivo y que el Ejecutivo acudió a él, pese a no ser preceptivo, para recabar mejora a la calidad de su regulación.

Defendió que “nunca se podría calificar un informe del Consejo de Estado como demoledor”, que es lo que dice PP y Cs, porque “la tarea del Consejo de Estado siempre es constructiva” ya que aporta cuestiones y horizontes al Ejecutivo para mejorar su regulación.

No obstante, sobre este caso concreto, Montero señaló que “todas y cada una” de las observaciones que destacó el Consejo de Estado “se adoptaron en el nuevo texto que se propuso” al Consejo de Ministros y se aprobó el 22 de diciembre, un día después de la fecha que figura en el informe del órgano consultivo.

“Qué cosa más extraña”, verbalizó la portavoz, que se han escrito “ríos de tinta” sobre esta cuestión y “algunos solo subrayan elementos que lleva al ánimo del Ejecutivo para que repensar algunas cuestiones que eran objeto de mejora” pero no las modificaciones que adoptó finalmente el Gobierno.

Por ello, animó a “leer con atención” el informe del Consejo de Estado y comprobar cómo se “adaptó nuestra propuesta a las indicaciones” realizadas, pese a que ya se trataba en sí de un “informe favorable” y en el que, “en ningún momento, hay críticas destructivas”.

Para Montero, con este informe, el PP trata de “justificar lo injustificable” porque “nunca estuvo a favor de los fondos” y, por eso, “obstaculizó” en Bruselas su aprobación y votó en el Congreso en contra de la convalidación de este real decreto-ley.