Así lo demandó el presidente de Inverco, Ángel Martínez-Aldama, durante la rueda de prensa anual que realiza la asociación para realizar balance del 2020 y fijar sus proyecciones para ejercicio actual, y donde avisó de que, “sin incentivos potentes, no vamos a tener un desarrollo del segundo pilar”. La razón que expuso es que estamos “en un entorno complicado donde para las empresas la promoción de planes de pensiones es un gasto más”.

Su pronóstico está basado en la decisión del Gobierno de reducir de 8.000 a 2.000 euros la cantidad máxima deducible cuando un particular aporta dinero a su plan de pensiones individual, con el argumento de favorecer el ahorro en el seno de la empresa, donde eleva dichos umbrales desde los 8.000 euros a 10.000. Para esto último el Ejecutivo aún tiene que adoptar una regulación donde quiere impulsar dichos planes de ahorro colectivo a través de un fondo público de pensiones.

Aldama criticó que la primera medida ya haya entrado en vigor sin haber desarrollado cómo se va a incentivar el ahorro para la jubilación en el seno de las empresas, aunque juzgó como “bueno” el “interés del Gobierno de no agotar el periodo de 12 meses” que se ha dado para elaborar la ley y deslizó que podría barajarse establecer incentivos fiscales para que las empresas contraten dichos planes de pensiones.

“Nos gustaría que hubiera un fuerte incentivo fiscal para las empresas”, apuntó, indicando que debería superior a la hucha de los 580 millones de euros que, según Hacienda, se ahorrará este año el Erario al limitar las deducciones en los planes individuales de pensiones. “Nos gustaría que ese dinero y otro tanto se pudiera poner a disposición de las empresa para que puedan tener esa promoción de planes de empleo“, señaló.

Entre las fórmulas potenciales para animar a su contratación apostó por que “se recuperen los incentivos que las empresas han perdido, tanto en términos de deducción fiscal en el impuestos de sociedades”, como eximirlas de tributar en las bases de cotización a la Seguridad Social “por las aportaciones que hagan en favor de sus trabajadores para planes de empleo”, recuperando así una exención existente desde el 1987 hasta su supresión en el año 2013.

“Vamos a poner el contador a cero a las empresas y, además, vamos a darle algunas ventajas adicionales. También al trabajador en el cobro de la renta, incentivémoslo de esa manera”, alentó.

RECUPERAR EXENCIONES

La tercera demanda que realizó en esta materia es que el proyecto de ley que se remita al Congreso para el futuro fondo colectivo de pensiones público sea “un esquema abierto donde cualquier entidad que cumpla los requisitos mínimos pueda tener acceso a gestionar esos fondos de pensiones”.

“No somos amigos de los monopolios, sino de la libre competencia porque el sector está en competencia permanente”, argumentó, animando a dar máxima concurrencia para la gestión del futuro vehículo en lugar de imponer condiciones que limiten dicha administración a pocas gestoras.

Conforme a las previsiones de Inverco, el volumen de activos de los fondos de pensiones podría mantenerse este año “prácticamente sin cambios y sólo ligeramente incrementado en un 0,4% por efecto de la rentabilidad, cerrando el año con un patrimonio de 119.000 millones de euros”.

Buena parte del crecimiento lo fía a que espera que su rentabilidad se situé en una horquilla e entre el 2% y el 2,5%, mientras que “las aportaciones se verán muy influidas por el nuevo límite máximo de aportación impuesto” a los planes de pensiones del sistema individual donde augura que las aportaciones brutas “se verán reducidas en más de un 30%”.

El presidente de la Agrupación de Fondos de Pensiones de Inverco, José Carlos Vizárraga, lamentó a su vez que, pese a que los planes de pensiones individuales y los colectivos, “son dos caras de la misma moneda, a lo mejor la sincronización que debía tener -la medida fiscal- no es la que tenemos encima de la mesa”.

Frente al mensaje oficial o del Gobierno de que bajar las exenciones no tendrá apenas impacto indicó que bajar el umbral “va a afectar al ahorro de más de 700.000 partícipes” con datos de la dirección General de Seguros y Planes de Pensiones y correspondientes a aquellos que realizaron aportaciones superiores a los 2.000 euros anuales. “Es decir, el 23% de los partícipes que hacen aportaciones en el año se verán afectados por dicha reducción”, estimó Inverco.

Al respecto, Vizárraga subrayó que cambia el ritmo justo cuando habían cogido velocidad estos productos de ahorro para la jubilación ya que el pasado año contabilizaron aportaciones netas por valor de 1.336 millones de euros, un 18% más. Para el experto, un modelo que se podría tomar de referencia para construir el futuro fondo colectivo público de pensiones es el británico.