Así, si hasta ahora las comunidades están obligadas por ley a costear las mejoras de accesibilidad que precisen las personas con discapacidad o mayores de 70 años cuyo importe total no exceda "de tres mensualidades ordinarias de gastos comunes", con la aprobación de esta norma deberán sufragar las reformas que no superen los 12 meses de comunidad e, incluso, las que sobrepasen esa cantidad, siempre que los vecinos hayan acordado válidamente ejecutarlas.

Concretamente, el proyecto señala que "la comunidad, a instancia de los propietarios en cuya vivienda vivan, trabajen o presten sus servicios altruistas o voluntarios personas con discapacidad, o mayores de setenta años, vendrá obligada a realizar las actuaciones y obras de accesibilidad que sean necesarias para un uso adecuado a su discapacidad de los elementos comunes, o para la instalación de dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan su comunicación con el exterior, cuyo importe total no exceda de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes".

Y añade, gracias a una enmienda aprobada en la Cámara Alta, que "cuando se adopten válidamente acuerdos para la realización de obras de accesibilidad, la comunidad quedará obligada al pago de los gastos, aun cuando su importe exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes", y no de ocho, como recogía el texto llegado del Congreso.

En cualquier caso, diputados y senadores están de acuerdo en que los propietarios que acrediten dificultades económicas graves no deberán costear obras de accesibilidad y por eso han establecido una excepción en la futura norma para excluir del pago de estas derramas a los vecinos cuyos ingresos anuales sean inferiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).

Esta exclusión se aplicará "excepto en el caso de que las subvenciones o ayudas públicas a las que la unidad familiar pueda tener acceso impidan que el coste anual repercutido de las obras que le afecten, privativas o en los elementos comunes, superen el 33% de sus ingresos anuales".

MÁS VIVIENDAS ACCESIBLES

Relacionada con la vivienda está una modificación introducida en la futura norma por acuerdo de todos los grupos del Senado, que eleva del 3% al 4% el porcentaje mínimo de pisos accesibles que deberán garantizar los proyectos de viviendas protegidas.

La enmienda establece también que si los pisos protegidos se destinan al alquiler, los que sean accesibles podrán adjudicarse además de a personas con discapacidad, a asociaciones o fundaciones integradas en el sector de la discapacidad, siempre que vayan a usarlos para favorecer la vida autónoma de este colectivo.

EMPRESAS

Por otra parte, el texto, que ahora vuelve al Congreso para su aprobación definitiva, castigará a las empresas que estén obligadas por ley a contratar a personas con discapacidad y no lo hagan, si bien la sanción no será tan dura como quería la Cámara Baja, donde salió adelante una enmienda tumbada este miércoles en el Senado que abogaba por que las compañías incumplidoras de este precepto no pudieran optar a contratos públicos.

Lo establecido por el Congreso señalaba que las compañías que deseen optar a contratos públicos deberán acreditar que cumplen con lo dispuesto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, "relativo a la obligación de contar con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas alternativas correspondientes".

Pero, tal y como advirtió el PSOE en la Cámara Baja, su grupo presentó una enmienda en el Senado que finalmente fue transaccionada por todos los grupos y que establece que los órganos de contratación "ponderarán", en los supuestos que sea obligatorio, que los licitadores cumplen con la obligación de contar con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o que adoptan las medidas alternativas correspondientes.

Y es que, los socialistas argumentan que obligar a las empresas a contratar a personas con discapacidad es un imperativo contrario a la directiva sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, "al establecer un mecanismo de promoción de inserción social que traspasa los límites relativos a los principios y libertades básicas", ya que introduce de manera indirecta una prohibición para contratar.

En esta línea, se ha introducido otra enmienda, esta vez del PP, que indica que las administraciones públicas "reservarán un cinco por ciento de adjudicación de contratos a los centros especiales de empleo o empresas que superen la cuota de reserva para personas con discapacidad" y que esta reserva deberá mencionarse en el anuncio de licitación.

El proyecto fija además otros castigos para las compañías incumplidoras, ya que indica que las empresas obligadas por ley a tener en su plantilla al menos un dos por ciento de trabajadores con discapacidad, o en su defecto, a cumplir con medidas alternativas de carácter excepcional, que no lo hagan, "perderán automáticamente las ayudas, bonificaciones y, en general, los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo, con efectos desde la fecha en que se cometió la infracción".

Del mismo modo, las empresas que no cumplan con este precepto podrán quedar excluidas del acceso a tales beneficios por un período máximo de dos años.

CONSENSO

El proyecto de Ley de Adaptación Normativa a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad se ha tramitado en el Senado por la vía de urgencia, lo que lamentó en el debate de este miércoles Begoña Contreras, del Grupo Parlamentario Popular, que aunque dijo estar razonablemente satisfecha" con su resultado, consideró que podía haber sido "más valiente" y reformar de una vez todas las leyes que se requiera.

No obstante, Contreras reconoció que en la tramitación de esta norma, como suele ocurrir en todas las relacionadas con la discapacidad, ha habido un alto grado de consenso, lo que compartieron el resto de los grupos, que destacaron la importancia de la ley.

Para Cristina Maestre, del PSOE, el proyecto de ley es "ambicioso y justo", porque supera el modelo sanitario de la discapacidad, mientras que para Josep María Esquerra, de la Entesa, su aprobación supondrá "un antes y un después" en la legislación española.