Según un acuerdo alcanzado este martes en la tramitación del Proyecto de Ley Reguladora de la Jurisdicción Social apoyado por todos los Grupos Parlamentarios, se ordena al Gobierno a que en el plazo de tres años regule la atribución a la jurisdicción social de las cuestiones litigiosas referidas a autonomía personal y dependencia.

De este modo, en el futuro ya no será la jurisdicción contencioso-administrativa la que conocerá de estos asuntos, como sucede ahora, sino que serán competencia de la jurisdicción social, que el Cermi considera más ágil, próxima y económica para el ciudadano.

Como indica el Comité en un comunicado, con esta decisión, se facilitará enormemente la tutela judicial del derecho subjetivo a la promoción de la autonomía personal y la atención a las situaciones de dependencia, que por naturaleza propia deberían haber estado siempre en el orden jurisdiccional social.

La Comisión de Justicia del Congreso se ha hecho eco también de otra medida planteada por el Cermi, consistente en que el Proyecto de Ley recogiera expresamente, para que no hubiera lugar a dudas, que corresponden también a la jurisdicción social el conocimiento de las cuestiones relativas a la valoración, reconocimiento y calificación del grado de discapacidad.

El texto original remitido por el Gobierno omitía cualquier referencia a esta materia, lo que generaba una enorme inseguridad jurídica para las personas con discapacidad y sus familias, peligro que ahora se conjura con la incorporación explícita de esta atribución a la jurisdicción social.

Una vez aprobado por el Congreso, con estas mejoras planteadas desde el sector de la discapacidad, el Proyecto de Ley seguirá su trámite en el Senado hasta su aprobación definitiva.