En tienden los recurrentes que esos miembros de la Sala “no reúnen la imparcialidad exigida por el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el artículo 6.1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y el artículo 24 de la Constitución”.

La recusación se dirige contra los magistrados Manuel Marchena (presidente), Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Antonio del Moral García, Andrés Palomo del Arco y Ana María Ferrer García.

Entiende IU que los hechos que se le atribuyen al Rey emérito son “gravísimos delitos” tendentes a obtener un “enriquecimiento ilícito a través del saqueo del erario público”. Insisten en que la Sala perdió la apariencia de imparcialidad al mostrar “animadversión y hostilidad” hacia la acción popular que reclama una investigación a fondo de los negocios de Juan Carlos I, a la que acusó de “degradar” su papel “intentando convertir noticias en delitos”.

El tribunal señaló el pasado 15 de febrero que las querellas presentadas por IU, PCE y el Foro reproducen el contenido de informaciones de prensa y que se necesita “algo más” para abrir una causa penal. “Una noticia por sí sola no legitima a ningún accionante popular para convertir el relato periodístico en un relato de hechos punibles desencadenantes del proceso penal”.

Además, añadía el tribunal que “los juicios de valor de quien pretende ejercer la acción popular no convierte la noticia en delito”. Así, recordaba, “no es motivo para abrir una causa en el Supremo” el hecho de que se reabriera en 2020 una investigación “inicialmente archivada” y que sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional sobre los hechos denunciados.

El Supremo sostiene que hasta la fecha no se ha enviado ninguna exposición razonada a la Sala Segunda por el Juzgado de Instrucción número 6 sobre la presunta actividad delictiva del querellado “sea en relación con los hechos inicialmente denunciados o sobre los que los querellantes califican de novedosos”.

Los querellantes se apoyaban en el hecho de que el Ministerio Fiscal y, concretamente la Fiscalía del Tribunal Supremo, ha abierto una investigación sobre los hechos denunciados que aún está en trámite y en la que se están practicando diligencias. Aun así, explica el Supremo que “de nuevo, la información que parecen tener los querellantes a su disposición es aquella que ha sido facilitada por los medios de comunicación”.

Ahora, los impulsores de la querella aseguran en su escrito que los miembros de la Sala Segunda debieron abstenerse en esta causa por “la evidente animadversión y hostilidad manifestada y demostrada por escrito” hacia la acusación popular.

El escrito esgrime “falta de imparcialidad” tanto del ponente, Manuel Marchena, como del resto de los magistrados de esta Sala. A su juicio, la prueba “objetiva” de esa “pérdida de apariencia de imparcialidad de los magistrados es el propio contenido del auto de archivo de 15 de febrero de 2021” que acusa a las partes querellantes (Partido Comunista de España, Izquierda Unida y Foro de Abogadas y Abogados de Izquierdas), “nada menos que, textualmente, de ‘degradar el relevante papel que (la acción popular) está llamada a desempeñar en el proceso penal, limitándose a convertir noticias en causas criminales’”.

Entiende la acusación popular que los argumentos de la Sala Segunda son “superfluos y contrarios al más elemental sentido de lógica” y, además, se contradicen con las últimas noticias desveladas el pasado viernes 26 de febrero, cuando el abogado del Rey emérito emitió un comunicado en el que anunciaba la regularización fiscal de más de 4,3 millones de euros. Una maniobra que, según IU, está diseñada para evitar obvias responsabilidades penales derivadas de la ocultación a la hacienda pública española de los pagos realizados por la Fundación Zagatka desde cuentas situadas en el extranjero”.

En el escrito destaca que los querellantes fueron los que instaron la investigación “sobre hechos y pagos desde la Fundación Zagatka al querellado D. Juan Carlos de Borbón”, e insiste en que “los nuevos hechos que hemos conocido después y que dan plena verosimilitud a los denunciados en la querella que ha sido tildada como degradante por la Sala”, sólo permiten calificar las expresiones de la Sala “como un indicio objetivo de su pérdida de apariencia de imparcialidad”.

JERARQUÍA

Señalan, además, que los miembros de la Carrera Judicial prestan, antes de posesionarse del primer destino, el siguiente juramento o promesa: “Juro (o prometo) guardar y hacer guardar fielmente y en todo tiempo la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, lealtad a la Corona, administrar recta e imparcial justicia y cumplir mis deberes judiciales frente a todos”.

El mismo juramento o promesa se presta cuando se ascienda de categoría en la carrera, “es decir, existe un evidente vínculo orgánico y jerárquico, hasta el punto de exigir la ley lealtad a la Corona, entre los magistrados recusados y una de las partes de este proceso, lealtad a la Corona que los magistrados han debido reiterar cada vez que han ascendido de categoría hasta llegar al Tribunal Supremo”.

Lo querellantes acompañan su petición de recusación de los miembros de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de abundante jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El PCE, IU y Fairade ya presentaron una querella contra el Rey emérito el 5 de diciembre de 2018 que fue archivada por la Sala Segunda el 1 de abril de 2019. Luego solicitaron la reapertura del procedimiento por “haber cesado la causa que fundamentó el archivo ante esta Sala”.

El 16 de diciembre de 2020 presentaron un escrito en el que se ampliaba la querella dirigiéndose contra las personas inicialmente querelladas, y específicamente, contra Juan Carlos I, Álvaro Orleans Borbón, Dante Canónica, Nicolás Murga Mendoza y Allen Sanginés-Krause. El fiscal informó el 27 de enero instando a que se procediera a denegar la solicitud de apertura de causa.