La ONG ve necesaria la reforma del artículo 578 del Código Penal, que prohíbe el “enaltecimiento” del terrorismo y la “humillación de las víctimas de los delitos terroristas”. Según sus datos, en los últimos cinco años se ha condenado a 75 personas con este pretexto, aunque el número de personas condenadas ha disminuido drásticamente pasando de 35 en 2016 a dos en 2019 y una en 2020.

No obstante, Amnistía Internacional considera que la reciente entrada del rapero Pablo Hasél en prisión “demuestra que este artículo sigue siendo una amenaza real a la libertad de expresión”, ya que “nadie debería ser procesado penalmente sólo por decir, tuitear o cantar algo que pueda ser desagradable o escandaloso, si no constituye una incitación directa a la violencia con una probabilidad razonable de que lo lleven a cabo”.

Por ello, la organización ha pedido al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, la derogación del artículo 578 del Código Penal y que se garantice que en la reforma ya anunciada que “ninguna de sus disposiciones viola las obligaciones contraídas por España en virtud de las leyes y normas internacionales de derechos humanos, y en concreto el artículo 19 del Pacto Internacional sobre derechos civiles y políticos del que España es Estado parte”.

Amnistía Internacional también se opone a “las leyes que prohíben el insulto o las expresiones de falta de respeto a jefes de Estado o personalidades públicas, fuerzas armadas y otras instituciones públicas, o a banderas o símbolos”. Y es que, a su juicio, “el uso de leyes sobre difamación con el fin o el efecto de impedir las críticas legítimas al Gobierno o a cargos públicos viola el derecho a la libertad de expresión”.

Por último, la ONG recordó que España ha sido condenada hasta en tres ocasiones -en 2011, 2016 y 2018- por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por sancionar penalmente los insultos a figuras públicas e institucionales, dos de ellas por injurias a la Corona.

Amnistía Internacional se opone asimismo a las leyes que criminalizan la difamación, tanto de personalidades públicas como de individuos particulares, al considerar que “deben tratarse como procedimientos civiles”.