Feijóo hizo estas declaraciones durante el citado desayuno informativo, organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum y en el que estuvo arropado por gran parte de la cúpula del PP, como Esperanza Aguirre, Ana Pastor, Federico Trillo y Mariano Rajoy, que fue el encargado de presentar la conferencia inicial.

Feijóo advirtió de que el PSOE puede estar manejando la “hipótesis” de que el PP herede una mala situación económica tras las generales previstas para 2012 y no sea capaz de sacar al país de la crisis económica. El objetivo, advirtió, sería “que nos cueste las próximas elecciones”, cuatro años después.

A su juicio, el Partido Socialista “se equivoca” con esta tesis, porque el Partido Popular está dispuesto a hacer lo necesario para reducir la deuda de las administraciones públicas, aunque eso “cueste una comunidad” como Galicia e implique perder el gobierno autonómico en los comicios que allí deben celebrarse dentro de dos años.

Feijóo sentenció que, cuando finalice su mandato, no piensa “dejar facturas en los cajones ni tener doble contabilidad”, para que su sucesor se encuentre una situación económica como la que dijo haber descubierto al tomar posesión de la Xunta.

PACTO DE ESTADO CONTRA LA DEUDA

El presidente de la Xunta centró buena parte de su discurso en advertir de los problemas y las consecuencias que implica una elevada deuda en las administraciones públicas, lo que le llevó a defender la aplicación de políticas de austeridad, especialmente en estos tiempos de crisis.

Como solución, ofreció al Gobierno de Zapatero un “pacto de concentración” entre los dos grandes partidos políticos de España de aquí al final de la legislatura, para que en los nueve meses que apenas quedan hasta la fecha prevista de las elecciones generales pueda resolverse el problema de la deuda y del gasto sanitario.

Afirmó que Zapatero tiene en sus manos la posibilidad de promover un gran acuerdo nacional entre PSOE y PP “para las dos urgencias que tiene la nación: el saneamiento de la hacienda pública y la sostenibilidad de los servicios básicos del sistema de salud”.

“Es legítimo que desee continuar hasta marzo, pero conviene que se aclare, y pronto, en su disyuntiva, o dejar paso o gobernar, o elecciones o decisiones, pero no una disyuntiva permanente que nos impida resolver los problemas”, dijo.

Núñez Feijóo señaló a la sanidad como “el primer problema” que tiene España junto a la crisis económica, pero se negó a recurir a la fórmula del copago para hacer frente a los gastos derivados del actual sistema de salud y sus problemas de financiación. “Entre el copago y pagar la deuda, yo elijo la deuda”, sentenció.

A su juicio, es necesario reducir la deuda, porque, de lo contrario, llegará un momento en el que se aprobará “un copago histórico como el de las pensiones”, en alusión a la elevación de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años.

Feijóo reclamó un cambio de rumbo en la política económica que ha llevado a cabo el Gobierno de Zapatero en estas dos legislaturas, que dijo han estado caracterizadas por el incremento del gasto público y el despilfarro.

Por eso, propuso emprender una reforma legislativa para definir la “responsabilidad civil de la clase política” cuando los recursos de la administración pública estén mal gestionados, lo que en su opinión daría “mayor firmeza” a las políticas de austeridad.

Adujo que esta medida también serviría para evitar que los ciudadanos cada vez más vean a los gobernantes “con mayor escepticismo”, cosa que ponen de manifiesto las principales encuestas, que señalan a la clase política como uno de los principales problemas del país.

El presidente de Galicia presumió de las políticas de austeridad que él está aplicando en su comunidad y que le han permitido pagar las facturas de la Xunta en menos de 40 días, así como colocar “el 75% de la deuda” pública de la región.

Todo ello, dijo, a pesar de que el Gobierno de España, con Zapatero al frente, no le paga los 800 millones de euros que dijo que le corresponden con el nuevo sistema de financiación y del desfase que implica la deuda de 500 millones que heredó del bipartito formado por BNG y PSdeG y de los otros 500 millones que dijo que tiene que pagar anualmente al Estado.