El portavoz del Gobierno regional, Ignacio González, explicó que la partida aprobada hoy es una segunda fase del presupuesto global de este organismo público, dependiente de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, que asciende en total a 3,7 millones de euros.

La primera fase ya fue autorizada el pasado mes de marzo por idéntica cuantía, indicó González, quien señaló que en la actualidad, la Agencia tiene bajo su tutela a más de 3.700 adultos con algún tipo de trastorno, enfermedad mental o discapacidad intelectual, que en la mayoría de los casos carecen de familiares, que no pueden valerse por sí mismas y que han sido incapacitados por sentencia judicial.

El último balance de gestión de este organismo público revela que en los primeros seis meses de 2011 se asumieron un total de 305 nuevas tutelas.

Además, la Agencia Madrileña de Tutela realizó 1.496 defensas judiciales de otras tantas personas en el marco de sus respectivos procesos de incapacitación.

Informó de que desde su creación en 1995, la AMTA ha tutelado a más de 8.500 personas y dijo que este organismo público “da cobertura a todas las necesidades que puedan tener estas personas, que en la mayoría de los casos se encuentran en una situación de desarraigo familiar, prestándoles una protección integral basada en tres áreas específicas de acción: jurídica, económica y social”.

Indicó que las causas de incapacitación de las personas tuteladas por la Comunidad de Madrid son en un 35% por una deficiencia mental; en un 31% de los casos por demencia; y en un 18% por esquizofrenia.

En cuanto al perfil de la persona tutelada, la mayoría tiene una edad comprendida entre los 40 y los 60 años, y el 56% son mujeres.

En lo que respecta a la organización de la Agencia, el Área Jurídica asume la defensa y representación judicial de los tutelados, dando a su vez el soporte legal a todas las actuaciones que lo requieran.

Además, cuenta con un Servicio de Orientación Jurídica, ubicado en la misma sede de la Agencia, que facilita información y asesoramiento a profesionales y familiares de personas incapacitadas.