Según el comité, las personas con discapacidad constituyen un grupo social "extremadamente vulnerable", por lo que precisa de legislación y medidas de acción positiva para avanzar en su inclusión social.

A juicio del Cermi, el paso por el Senado del proyecto de ley que adaptará parte de la legislación española a la Convención de Discapacidad "no puede servir para suprimir o reducir conquistas y avances ya conseguidos e incorporados al texto de la iniciativa en el Congreso".

Por este motivo, pide a los grupos parlamentarios de la Cámara Alta que no apoyen, "en ningún caso", enmiendas que pretendan rebajar lo logrado. "El Senado debe mejorar y ampliar, no recortar y reducir, pues de lo contrario no contribuiría a la normalización de los derechos de las personas con discapacidad", insiste el comité.

"RECHAZO TOTAL"

En este sentido, el Cermi expresa el "rechazo total" del sector de la discapacidad a la mayor parte de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista del Senado, que "incomprensiblemente solo buscan eliminar medidas favorables" para el sector de la discapacidad alcanzadas en el Congreso.

A juicio del comité, las modificaciones propuestas por el PSOE "pretenden eliminar avances de gran importancia para las personas con discapacidad y sus familias".

Una de ellas es la supresión de la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público para que se exija como requisito para poder licitar con las Administraciones Públicas la acreditación previa por parte de las empresas obligadas del cumplimiento del deber legal de reservar un dos por ciento de los puestos de trabajo a favor de personas con discapacidad.

Esta medida, explica el Cermi, reclamada por el sector de la discapacidad desde hace años, solo aspira a que no se premie con contratos públicos a empresas que incumplen la legislación social al no reservar la cuota establecida por ley en 1982.

Otro de los pasos atrás impulsados por los socialistas es, a juicio de esta plataforma, la desaparición de la modificación de la Ley de Integración Social de los "Minusválidos" para elevar al 6% la cuota de reserva a favor de personas con discapacidad de las viviendas de promoción pública sociales.

En este punto, el Cermi exige mantener esta elevación y ampliar la adjudicación de viviendas no solo a personas con discapacidad a título individual, como hasta ahora, sino que aboga por que se extienda a asociaciones y fundaciones para que las dediquen a proyectos de vida independiente de personas con discapacidad.