La afirmación está contenida en una respuesta parlamentaria del Gobierno a la diputada del Grupo Mixto Rosa Díez, a la que tuvo acceso Servimedia, que se interesa por conocer los detalles del acuerdo de acogida de presos del penal de Guantánamo.

Esta respuesta se produce dos meses después de que se filtrara que se había llegado a un acuerdo para que dos presos de nacionalidad yemení detenidos en Afganistán entre los años 2001 y 2002, vinieran a España.

El acuerdo contemplaba la acogida de dos presos concretos de los que no había constancia de su pertenencia a Al Qaeda, aunque sí está demostrada su vinculación con el movimiento talibán en Afganistán.

En principio se esperaba su traslado para octubre o noviembre, y aunque su llegada planteaba problemas jurídicos, ya estaba prácticamente decidido que se les aplicaría el régimen de extranjería para permitir su permanencia en territorio español.

Ello iba a suponer que estarían vigilados de forma permanente, con residencia obligatoria en determinadas zonas y sin libertad de movimiento en Europa ni tampoco en España.

En la respuesta, el Ejecutivo afirma que su criterio a la hora de aceptar algún preso es el de "seguridad" aunque, puntualiza en otro párrafo, "el Gobierno de España no ha decidido, a día de la fecha, el número de presos a aceptar. Se están realizando las valoraciones precisas para decidir todos los detalles relativos a su recepción y permanencia".

De igual modo, aún "no se ha decidido el régimen jurídico a aplicar a los presos que puedan ser objeto de aceptación".

El acuerdo del pasado mes de julio ha quedado en papel mojado después de que el pasado jueves la Cámara de Representantes de Estados Unidos votara en contra de permitir el traslado de sospechosos de terrorismo desde la prisión militar para ser enjuiciados en el país.

El presidente Barak Obama se está encontrando serias trabas para cumplir su compromiso electoral de cerrar Guantánamo a principios de 2010.

En la actualidad, los detenidos de Guantánamo sólo pueden ser trasladados a Estados Unidos para enfrentar un juicio bajo las restricciones ya impuestas por el Congreso. Los legisladores también han negado fondos para cerrar la instalación.

Mientras tanto, Estados Unidos piensa liberar a 75 de los 223 presos que quedan en el penal de una tacada y recientemente se ha trasladado a dos cautivos a Irlanda y otro más a Yemen.

Una vez que se tome la decisión, primero se informará a Estados Unidos, después a los socios de la Unión Europea y, a continuación, a los grupos parlamentarios españoles.