El nuevo marco será una nueva estrategia de conservación y gestión del lobo que sustituirá a la actual, que data de 2005, y que el Ejecutivo pondrá en marcha tras escuchar a comunidades autónomas, organizaciones profesionales agrarias, organizaciones ambientales y otros actores del sector rural.

Estas ideas fueron lanzadas esta tarde por la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en una comparecencia conjunta en el Senado para explicar los trabajos del Gobierno para la protección del lobo ibérico y medidas de apoyo a la ganadería extensiva.

La reciente polémica sobre el lobo ibérico estalló el pasado 4 de febrero, cuando la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad -órgano formado por el Gobierno y las comunidades autónomas- acordó en una votación ajustada atender la recomendación del Comité Científico del Ministerio para la Transición Ecológica de incluir a todas las poblaciones lobunas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).

Ello supondrá que el lobo dejará de ser una especie cinegética al norte del Duero (salvo Asturias, donde no lo es desde 1991), puesto que la caza ya está prohibida al sur de esta cuenca hidrográfica. Esta decisión ha soliviantado a organizaciones ganaderas y a partidos de la oposición, y ha motivado que en esta semana se hayan producido varios debates y alguna votación sobre la situación del lobo tanto en el Congreso como en el Senado.

“TODO O NADA”

Ribera y Planas solicitaron comparecer en el Senado a petición conjunta en lo que fue la primera sesión conjunta de las comisiones de Transición Ecológica y de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Cámara Alta.

La vicepresidenta apuntó que “la gestión del lobo no es un asunto de todo o nada” y que la situación actual “no es buena para nadie: no lo es para el lobo, no lo es para los ganaderos, pero tampoco lo es para las Administraciones responsables de la gestión, dado que genera inseguridad jurídica, indefensión y dificultades en el día a día”.

Ribera afirmó que “la ganadería extensiva es una actividad de gran interés socioeconómico” y apostó por la “coexistencia” entre ésta y el lobo, pero por otros métodos que no sea la actividad cinegética.

“En las comunidades autónomas donde se practica este aprovechamiento cinegético, la caza se rige más por criterios poblacionales establecimiento cupos de animales a cazar y territoriales en los cotos y reservas cinegéticas que por razones de protección de la ganadería. De hecho, hasta la fecha no se ha demostrado que dicha práctica deportiva tenga efectos positivos sobre las explotaciones ganaderas”, sentenció.

No obstante, precisó que la futura prohibición de la caza deportiva del lobo no significa que no puedan producirse “controles poblacionales” siempre que se den las condiciones que prevé la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Ribera apuntó que el lobo ibérico es “una especie silvestre clave en el funcionamiento de los ecosistemas españoles” que históricamente estuvo presente en buena parte de la península hasta, con su consiguiente convivencia con el ganado, hasta que a finales del siglo XX quedó relegado al cuadrante noroccidental y un escaso número de ejemplares en Sierra Morena (Andalucía).

La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) indica en su último informe sobre el estado de la naturaleza en la UE, que abarca el periodo entre 2013 y 2018, que el lobo en España está en una situación desfavorable de conservación.

Según Ribera, el lobo está considerado como “una especie estrictamente protegida” en la mayor parte de la UE al incluirse en el anexo IV de la Directiva Hábitats, con las excepciones de zonas en Finlandia, las repúblicas bálticas, Grecia y en España al norte del Duero. Así, la especie está protegida en lugares con poblaciones abundantes, como Alemania, Francia, Italia, Rumanía y Suecia.

Esta diferenciación genera “desigualdades y agravios comparativos” cuando se producen ataques al ganado porque las explotaciones ganaderas en zonas donde el lobo está protegido cuentan con más facilidades para cobrar indemnizaciones, mientras que en Castilla y León -donde es especie cinegética- se han producido varias sentencias judiciales contrarias a decisiones del Ejecutivo autonómico de permitir su caza.

Tras su catalogación como especie protegida, Ribera apostó por la búsqueda de un consenso sobre una estrategia de conservación y gestión que permita el derecho de los ganaderos a ser indemnizados por pérdidas de cabezas depredadas en cualquier territorio, nuevos mecanismos para analizar la evolución del lobo y priorizar preventivamente la protección de las explotaciones.

Para ello, un grupo técnico de trabajo elaborará la nueva estrategia y se crear á un comité que evaluará su seguimiento con un nuevo censo estatal del lobo, un procedimiento común para el pago por daños a la ganadería extensiva, un sistema de tasación común y la armonización de protocolos para peritar daños, baremos y pagos compensatorios que sea justo y rápido.

“TEMA TREMENDAMENTE COMPLEJO”

Por su parte, Planas mostró su “constatación” de que “es perfectamente posible tanto la protección de la biodiversidad como el apoyo a la ganadería extensiva asegurando la convivencia con el lobo”.

Planas, que indicó que en 2014 había 297 manadas de lobos (50 más que en 2007), apostó por la convivencia entre ganadería y lobo, aunque reconoció que “no es fácil” porque el mamífero puede atacar el ganado para alimentarse y por los daños económicos y emocionales que ello genera en los ganaderos.

“Es un tema tremendamente complejo ante el cual hay que dar una respuesta que, lógicamente, no puede ser sencilla. Ante una complejidad, las simplicidades no valen”, apostilló.

Planas recalcó que el “elemento fundamental” es la nueva estrategia para la conservación y gestión del lobo tras la “escucha” con todos los actores implicados, y que ese documento debe “construirse y pactarse con el mayor consenso posible”.

Indicó que en el nuevo escenario entra en juego el plan estratégico de la PAC (Política Agrícola Común) para el periodo 2021-2027, cuya elaboración podría estar concluirá en la segunda quincena de mayo y donde podrían incluirse instrumentos de mejora de la biodiversidad y compensación de daños a los ganaderos. “Los ganaderos no quieren sólo aceptar pagos compensatorios. Me permitirán que diga en voz alta que yo lo entiendo porque el tema va más allá. Quieren soluciones”, añadió.

Planas recalcó que el Feader (Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural) permite financiar algunos mecanismos de protección para la ganadería en su cohabitación con el lobo, algo que depende de las comunidades autónomas.

Tras escuchar a los portavoces parlamentarios, Planas replicó que “proteger la biodiversidad no debe recaer sobre los hombros de los ganaderos” y reiteró que habrá ayudas, si bien dejó en el aire su propuesta de incluir en los ecoesquemas de la nueva PAC un pago suplementario de la ganadería extensiva en explotaciones situadas en zonas con grandes carnívoros.

“Si, evidentemente, las organizaciones profesionales agrarias no quieren que ese pago suplementario se realice con cargo a los ecoesquemas, anuncio que el Gobierno no pondrá ese elemento sobre la mesa porque queremos entre todos llegar a un acuerdo sobre la PAC. ¿Sería un buen instrumento? Sin duda, pero, evidentemente, si la mayoría no está de acuerdo este ministro no lo pondrá sobre la mesa”, sentenció.

No obstante, Planas comentó que el Gobierno explorará “otros instrumentos de apoyo” al sector ganadero. “La realidad no es binaria, no es blanco o negro”, zanjó.