La falta de coordinación en la gestión de la ley se puede percibir en distintos ámbitos. Un ejemplo: todavía hoy no existen unos parámetros comunes a la hora de acreditar a las clínicas. Así, los requisitos que deben cumplir los centros son totalmente distintos dependiendo del gobierno autónomico, según ACAI.

También hay diferencias en las comunidades en el tiempo que transcurre desde que una mujer solicita abortar hasta que se realiza la intervención. Según esta organización, el intervalo puede ser de entre una y tres semanas dependiendo de la comunidad. En Euskadi, Valencia, Murcia o Madrid, el tiempo de espera es mucho menor que en otras zonas del país, como en algunas ciudades de Castilla y León.

Esta y otras circunstancias obligan a muchas mujeres a desplazarse para poder abortar en las mejores condiciones posibles. Pese a que uno de los objetivos de la ley es asegurar la prestación a la mujer dentro de su propio territorio, ACAI denunció que ya son muchos los casos de personas que han tenido que abandonar su ciudad para conseguir que la intervención les fuera financiada públicamente.

Otra asignatura pendiente, según el colectivo de clínicas acreditadas para abortar, es la protección de la intimidad de las mujeres. En algunas comunidades, como Cataluña, sus datos quedan expuestos durante todo el proceso. Su identificación, en ese caso, es incluso un requisito imprescindible a la hora de efectuar la interrupción del embarazo.

En este sentido, ACAI solicita una mayor coordinación de las comunidades y una supervisión por parte del Ejecutivo. Los datos demuestran que, un año después de que la ley entrara en vigor, el número de abortos se ha reducido. Sin embargo, esta disminución se achaca al freno de la llegada de mujeres inmigrantes, y no a una aplicación efectiva de la ley.