Según informó la Policía, la red estaba liderada por un empresario asentado en Toledo, su pareja y su hija. Los tres encabezaban 20 empresas pantalla, sin actividad real, que eran utilizadas para conseguir documentación, dar de alta a trabajadores y también para blanquear los beneficios obtenidos.

Por un precio de entre 500 y 4.000 euros los arrestados proporcionaban los documentos necesarios para que inmigrantes regularizaran su situación en España. En el caso de ciudadanos españoles, los detenidos ofrecían lo necesario para acceder a prestaciones por desempleo y distintas subvenciones del Gobierno.

A través de la red de empresas, se vendían contratos, nóminas, certificados de empadronamiento de distintas localidades y cualquier otro tipo de documentación que pidieran sus clientes.

El grupo criminal estaba perfectamente organizado y jerarquizado. Además de los tres detenidos, existía un grupo de "socios" del principal investigado, con diversas sociedades a su nombre y dedicados tanto a captar nuevos compradores, como a facilitarles todo tipo de información y cobrar por los servicios.