Entre otras medidas, la Confederación defendió sensibilizar y formar a profesionales, familias y personas con discapacidad intelectual o del desarrollo sobre envejecimiento activo; impulsar la figura del asistente personal; y potenciar planes de viviendas en comunidad.

Asimismo, reclamó modelos de servicios centrados en la persona y basados en la comunidad, tal y como recomendó la OMS en su informe sobre la Covid-19; la generalización de protocolos y servicios sanitarios adaptados y accesibles (médico de familia, servicios de salud mental, cuidados sanitarios de larga duración); la recuperación de la prestación por hijo a cargo; y el fomento de los itinerarios individualizados de inserción dentro del Ingreso Mínimo Vital (IMV), con planes de jubilación y tránsito a una cobertura social adecuada y suficiente.

Según datos de Plena inclusión, un 35% de las 150.000 personas a las que presta apoyos tiene más de 45 años, y todas se han visto afectadas por un tiempo marcado por la pandemia.

Ante la Comisión de Derechos Sociales del Senado, el presidente de la Confederación, Santiago López, se dirigió a “un sistema que prima la institucionalización antes que la personalización” y a “unos poderes públicos que invierten todavía poco en apoyos en la comunidad”. “Deberían reflexionar sobre las consecuencias de políticas que generan ´déficits de ciudadanía’ y, en ocasiones, vulneraciones de derechos básicos”, declaró.

Finalmente, señaló que el Estado español tiene como asignatura pendiente el cumplimiento de la mayor parte de la Declaración de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, un tratado que firmó en 2008.