Así se denuncia en el informe ‘La Otra Pandemia’ publicado este jueves por Amnistía Internacional (AI), que destaca cómo los recortes en atención primaria llevados a cabo desde la crisis de 2009 están relacionados con el mayor impacto de la pandemia en el sistema sanitario español.

Realizado en Cataluña, Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, el estudio afirma que la falta de inversión en atención primaria previa a la pandemia y una gestión sanitaria que ha adolecido de falta de planificación y recursos suficientes dejaron “abandonadas a personas vulnerables, enfermedades desatendidas y diagnósticos en algunos casos demasiado tardíos”.

Según el director de AI España, Esteban Beltrán, nuestro país “lleva doce años desoyendo las recomendaciones de organismos internacionales como la OMS y el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la salud, que pedían a los Estados reforzar la atención primaria y destinar el 25% del total del gasto sanitario a este nivel asistencial”. En España ha ocurrido “más bien al contrario”: la inversión se vio reducida en un 13% entre 2009 y 2018, lamentó.

MENOS PERSONAL

El informe subraya cómo España está por debajo de la mayoría de los países de nuestro entorno en cuanto a las ratios de médicos y enfermeros en atención primaria, que son del 0,77 y del 0,66 por cada 1.000 habitantes, respectivamente.

Estos valores no han sufrido prácticamente cambios en los últimos diez años y están muy alejados de los de países como Portugal, con mejor ratio de Europa (2,6), Irlanda (1,82), Países Bajos (1,61), Austria (1,56) y Francia (1,42).

Beltrán admitió que “ningún Estado podía estar preparado para esto”, pero España adoleció más de esta falta de inversión previa. El problema es que “casi un año de pandemia después y con la tercera ola de récord de contagios encima, las autoridades no parecen haber rectificado”, criticó Beltrán.

En su opinión, “la importancia de la atención primaria ha estado más presente en los discursos institucionales que en las decisiones políticas”. De hecho, “la valoración de su capacidad asistencial ha estado ausente en el diseño de las medidas de salud pública”.

CONSECUENCIAS

El resultado son listas de espera de una semana de media en atención primaria, diagnósticos tardíos y graves vulneraciones en el derecho a la salud de los ciudadanos, en especial de aquellos más vulnerables como pacientes crónicos, personas muy dependientes del sistema de salud (enfermos de cáncer, hipertensión o diabetes), personas mayores e inmigrantes en situación irregular.

Junto a las mujeres cuidadoras de personas dependientes han sido, según Amnistía, “víctimas de una discriminación indirecta en su derecho a la salud” durante este último año.

A ello se suma la transición hacia un modelo de atención telefónica para el que ni pacientes ni trabajadores están preparados y el inicio de la campaña de vacunación, que hacen que el sistema se halle “`próximo al colapso”.