Además, le impuso siete años de inhabilitación para el empleo de médico o para cargo público relacionado con el ejercicio de la medicina. El Tribunal del Jurado consideró al acusado culpable de un delito continuado de cohecho entre los años 2016 y 2018, cuando ejercía en un Centro de Atención Primaria del Sergas.

La magistrada presidenta destaca en la sentencia que está fuera de toda duda que los certificados de defunción son gratuitos y, en cuanto a la solicitud de pago por parte del médico, subraya que los testimonios de los empleados de las funerarias son “absolutamente contundentes, persistentes y creíbles”, al igual que los de los familiares de los fallecidos.