Los datos los detalló el presidente y consejero delegado del operador aeroportuario, Maurici Lucena, durante la rueda de prensa convocada para explicar unas cuentas del 2020 donde Aena entró en pérdidas de 126,8 millones tras el récord de beneficio de 1.442 millones en el 2019 por culpa de la pandemia. Sus ingresos cayeron un 50,2%, hasta los 2.242,8 millones, tras desplomarse el tráfico desde 307 millones 76 millones de pasajeros.

Dicho desplome de pasajeros es el que ha provocado protestas por parte de los establecimientos comerciales instalados en los aeropuertos exigiendo fuertes rebajas en las rentas o su exención al haberse cerrado algunas terminales aéreas por falta de tráfico de aviones, incluso, en sede Judicial.

Según Lucena, Aena ha realizado un esfuerzo “formidable” para ayudar a “mitigar el daño financiero a nuestros arrendatarios, que son nuestros socios”, “renunciando a cobrar” casi un 60% de las rentas que le corresponderían por contrato en el año 2020.

La oferta puesta sobre la mesa exonera por completo del pago a las rentas durante el primer estado de alarma -entre el 15 de marzo y el 20 de junio-, y aplica al tiempo restante una rebaja del 50% de las rentas mínimas garantizadas. “Si lo aceptaran todos representaría para Aena 800 millones de euros en 2020 y 2021”, indicó.

La medida se apoya en el Real Decreto de hostelería y comercio aprobado por el Gobierno el 22 de diciembre del pasado año, pero va más allá de lo que impone ya que el real decreto del primer estado de alarma “no establecía descuentos, sino aplazar” los cobros y “nosotros aplicamos una reducción del 100%”, abundó.

Aún cuando afirmó que se han ido sumando establecimientos en los últimos días, admitió que entre ellos no está ninguno de los grandes operadores, que es donde “está habiendo más resistencias” o “piensan que el anterior contrato les conviene”. Según detalló, “son compañías que tienen una facturación muy importante” como lo revela que solo 5 de ellos supongan el 90% de la facturación total en materia de alquileres.

Sin querer entrar a elucubrar si podrían ser los que planten más pelea legal porque una decisión así correspondería a ellos, se mostró confiado en que aceptarán la oferta ya que en su caso “el problema financiero es de otra escala” porque la “calidad de su accionariado y su diversidad” ofrece mayor soporte. Al respecto apuntó que algunos tienen en su accionariado a grandes fondos de inversión, o soberados o, incluso, han visto aterrizar en su capital a gigantes multinacionales y que, en algunos casos, también cotizan en bolsa. Son accionistas “que no deberían tener ningún problema para afrontar el daño financiero que la pandemia nos está causando a todos”, estimó.

“Son accionistas de ‘deep-pockets, que no deberían llevar la situación a una ejecución de avales porque tienen recursos para afrontar las obligaciones contractuales”, señaló. Da además por descontado que no se producirán salidas o abandonos en los comercios porque son aeropuertos con mucho potencial de tráfico de viajeros cuando se supere la pandemia y que “seguirán siendo muy atractivos para los arrendatarios comerciales”.

Lucena negó la denuncia de que Aena imponga sus reglas. “Si tuviéramos posición de dominio no nos veríamos impelidos a ofrecer descuentos como este” y se “cobraría todo: el 100% de lo que el contrato nos reconoce”, afirmó.

El plazo para adherirse a la propuesta de alquileres se cierra el próximo día 5 o 6 de marzo y aseguró que es “inamovible” porque “va más allá” y “es más generosa” de lo que impone el Real Decreto, y porque es el “límite definido por una gestión responsable tanto desde el punto de vista mercantil como de la gestión de fondos públicos”, recordando que el 51% de Aena es propiedad pública.

“Muchos vieron con reservas en un primer momento la propuesta y después de analizarla la han terminado aceptando porque es muy generosa”, indicó, subrayando que “ninguna persona que sea gestor de una compañía o administrador puede pasar los límites que dicta el sentido común y lo que dicta el real decreto teniendo la doble responsabilidad mercantil y de un servicio público”.

En cuanto a la potencial judiciliación, indicó que aún queda tiempo hasta que finalice el plazo de adhesión y apuntó que hasta ahora, y dentro de las demandas aprobadas o aceptadas por los tribunales, en 6 casos la Justicia ha dado la razón a Aena y denegado medidas cautelares, hay dos sentencias favorables a los demandantes y otras tres parciales o pendientes de vista.