El Gobierno explicó que este proyecto "continúa la línea de modernización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la que el Ejecutivo está decididamente implicado, consiguiendo importantes logros, tanto desde el punto de vista retributivo, como de la mejora de las condiciones de seguridad y trabajo".

Asimismo, el Gobierno destacó que se mantiene también "una línea de política legislativa que ya tuvo reflejo en la anterior legislatura con la aprobación de la Ley Orgánica del Régimen Disciplinario del Cuerpo de la Guardia Civil en el año 2007".

A través de la reforma hoy aprobada, el régimen disciplinario de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía pasa de estar recogido básicamente en un reglamento, aprobado en el año 1989, a estar regulado por una ley orgánica.

MAYORES GARANTÍAS

Además, el proyecto implica una modernización que se centra en tres aspectos: mejora de la tipificación de las conductas infractoras, adecuación de las sanciones y mayores garantías para los funcionarios en el procedimiento sancionador.

En este sentido, se suprimen aquellas conductas infractoras que, por su ambigüedad o indefinición, resultaban difícilmente aplicables, se matizan otras para objetivarlas y reducir la inseguridad jurídica que podía derivarse de su aplicación, y se introducen algunas nuevas derivadas de cambios legislativos o de diferentes sensibilidades sociales:

La condena por delito doloso será infracción muy grave cuando esté relacionada con el servicio y grave en los restantes casos. Asimismo, desaparece la referencia al sigilo, debido a su ambigüedad y a la propia antigüedad del concepto, y se sustituye por la alusión al secreto profesional.

Al mismo tiempo, se precisan las infracciones en materia de drogas y alcohol de tal manera que será infracción muy grave prestar servicio bajo su influencia o negarse a someterse a las pruebas para su detección. Además, se incluyen nuevas infracciones en materia de utilización ilegítima de sistemas de videograbación.