Esta es una de la patas de la propuesta de los presidentes del Congreso, José Bono, y del Senado, Javier Rojo, para profundizar en la transparencia democrática de las instituciones y eliminar privilegios.

Las otras dos implican la eliminación de los complementos de pensiones a los que tenían derecho los electos y la aplicación estricta del régimen de incompatibilidades, que establece la dedicación "absoluta" de los diputados a su tarea parlamentaria.

La reforma de la Loreg se ha tramitado por el procedimiento de urgencia y en lectura única, por lo que tras su aprobación en el Congreso pasa automáticamente al Senado, que, previsiblemente, la aprobará antes de las vacaciones, de manera que los bienes de los electos sean ya públicos a partir de septiembre.

Esta formulación ha sido posible gracias a la incorporación de una enmienda suscrita por todos los grupos parlamentarios en la que se estipula que en vez de entrar en vigor al dia siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, comience su vigencia en el mes de septiembre, dando a las Mesas del Congreso y del Senado el tiempo suficiente para que adapten la normativa interna en relación al resto de modificaciones pendientes.

Técnicamente, la reforma aprobada hoy es muy simple e implica establecer el "carácter público" del citado registro en el artículo 160.2 de la Loreg.

Bono y Rojo trasladaron a los portavoces su propuesta el pasado 14 de junio. El resto de los cambios necesarios para que entre en vigor afectan al Reglamento de ambas Cámaras y deberán ser refrendadas en Mesas conjuntas, sin que impliquen nuevas reformas legislativas.

La propuesta contiene la eliminación del complemento de pensiones y la incompatibilidad de la indemnización mensual por cese con cualquier otro trabajo remunerado "mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o cualquier otra manera".

También quedaría suprimido el mantenimiento del alta en la Seguridad Social para exparlamentarios hasta completar el período de cotización necesario para causar derecho de pensión a la jubilación.

De igual modo, se eliminarían las percepciones a favor de cónyuge o hijos menores de 25 años por fallecimiento del parlamentario, mientras que la ayuda prevista en el Reglamento de Pensiones sólo se acordará por resolución motivada y apoyada por los tres quintos de los miembros de las Mesas Conjuntas.

La nueva normativa debería entrar en vigor de manera inmediata, aunque preservando los derechos ya adquiridos hasta la constitución de nuevas Cámaras.