Su demanda la formuló el pasado mes de noviembre a los ministros del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin) “solicitando su apoyo permanente en lo que respecta a la aplicación” de la “autenticación reforzada de clientes” (Strong Customer Authentication o SCA), según revela en una respuesta al Parlamento Europeo fechada el pasado día 15 de febrero y donde desvela no haber recibido aún el informe de todos los países.

Su indicación la formula a preguntas de varios eurodiputados, que alertan de que las nuevas normas sobre los pagos en línea “pondrán en peligro la recuperación del sector de los viajes y el turismo en 2021”, ya que “amenazan con provocar más turbulencias e incertidumbre para el sector, los viajeros y los turistas el próximo año” ante las dificultades que tienen las empresas del sector de los viajes y el turismo para adoptar los sistemas informáticos precisos.

En su pregunta trasladan al Ejecutivo comunitario si prevé ayudarles con este desafío o, incluso, retrasar el plazo de aplicación o “conceder a los sectores especialmente afectados por la crisis de la Covid‐19, como el turismo, un plazo adicional de un año para aplicar estos nuevos requisitos”.

Bruselas reconoce “la magnitud de la introducción de la SCA, en particular para las pequeñas y medianas empresas (pymes) y determinados sectores gravemente afectados por la crisis de la Covid-19”, pero subraya que los Estados han estado ayudando a dichos sectores con la crisis y es preciso adoptar los nuevos requisitos “para combatir el fraude, mejorar la seguridad de las transacciones en línea y proteger a los consumidores”. No obstante, desvela que “la Comisión está debatiendo las consecuencias de la plena introducción de la SCA con todas las partes pertinentes”.

La llamada autenticación reforzada obliga a que se verifique al titular de los pagos de dos formas y no solo una como hasta ahora. Así, junto a la clave o CVV de las tarjetas o código recibido por el comprador vía SMS, podrían añadirse otras opciones de autenticación como una pregunta de seguridad o reconocimiento biométrico (huella dactilar, del iris, etc).

Su entrada en vigor estaba prevista para el 14 de septiembre del año 2019 con la nueva normativa de pagos o PSD2, pero la Autoridad Bancaria Europea (EBA) permitió a los países disponer de más tiempo dado el desafío que implica adoptar los sistemas informáticos necesarios a hasta el último operador o tienda que necesite que sus clientes paguen por medios electrónicos sus compras en Internet.

En España, como en la mayoría o todos los países, se adoptó el calendario extendido y eso implica que dicha doble validación entró en vigor el pasado 31 de enero para operaciones de importe superior a 250 euros, con su extensión ya a todas las transacciones el próximo 1 de marzo cuando será de exigida aplicación también en transacciones de cuantías inferiores a 30 euros.

El retraso en la adopción de los sistemas está provocando, de hecho problemas, para el cierre de algunas operaciones puesto que el sector financiero no puede validar a aquellas que carecen de la doble certificación.