Éste es el argumento central del recurso presentado ante el Tribunal Supremo por la Fiscalía contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) de archivar la investigación que se seguía contra Camps y otros miembros de su Gobierno, a los que se acusaba de un delito de cohecho por haber supuestamente aceptado regalos de empresas de la trama “Gürtel”.

En contra de lo sostenido por los magistrados de la Sala de lo Penal y lo Civil del TSJCV a la hora de archivar el caso, el fiscal jefe de lo Penal del Supremo, Juan Ignacio Campos, que subscribe el escrito, asegura que para que exista un delito de cohecho no es necesario que a cambio de la dádiva se dé una concesión o un trato de favor.

“El TSJCV realiza en este caso una interpretación errónea del tipo penal de cohecho, puesto que, según el artículo 426 del Código Penal, existe cohecho desde el momento en que se realiza un regalo a un funcionario público en consideración a su cargo, sin que dicha dádiva suponga la realización inmediata de ningún acto concreto por parte de éste”, señalan desde la Fiscalía.

En este sentido, el fiscal Campos, esgrimiendo múltiples sentencias del Tribunal Supremo, indica que, según la jurisprudencia española, se comete un delito de cohecho “cuando el regalo se acepte a razón del cargo del funcionario, sin requerir acto ninguno por parte de éste”.

En el proceso seguido en el TSJCV estaban imputados, además de Camps, el secretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa, y los ex altos cargos del Gobierno valenciano Rafael Betoret y Víctor Campos.

ARCHIVO PREMATURO

Como segundo argumento, la Fiscalía asegura que el archivo de la causa fue prematuro “puesto que la investigación continuaba abierta y podía aportar datos nuevos acerca de las dádivas investigadas y los concretos actos de contratación realizados por parte de la Administración Pública valenciana a la empresa Orange Market”.

El escrito destaca que “el archivo de las actuaciones en la fase procesal en la que se han acordado vulnera el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías” porque, a juicio de la Fiscalía, “la instrucción no había finalizado”.

Por lo tanto, el Ministerio Público pide al Tribunal Supremo que anule la decisión del TSJCV y ordene la reapertura la investigación contra Camps y los demás miembros de su gobierno.

Al tratarse de un recurso de casación ordinario, su tramitación puede durar cerca de un año, como sucede con las demás causas sobre las que tiene que deliberar y decidir la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, según explicaron a Servimedia fuentes jurídicas.