Las organizaciones empresariales hicieron este llamamiento ahora que se han conformado los nuevos ayuntamientos y que se están constituyendo los gobiernos de las comunidades autónomas en las que ha habido elecciones.

Según CEOE y CEPYME, "el reiterado e injustificado incumplimiento de la normativa sobre plazos de pago por parte de las administraciones públicas está deteriorando significativamente la estructura económica y financiera de las empresas".

Ello impide "el normal desarrollo de su actividad y compromete, en multitud de casos, su permanencia en los mercados", subrayaron.

En un comunicado, los empresarios recordaron que, según el Banco de España, la cuantía que conforma el pasivo de las administraciones públicas por cuentas pendientes de pago con las empresas ascendió a 45.794 millones de euros en 2010.

"Gran parte de estas cuentas pendientes de pago acumulan un retraso medio superior a los 170 días, llegándose a constatar en determinados sectores plazos de pago superiores a los 540 y 720 días", indicaron.

CEOE y Cepyme destacaron también que el reconocimiento del importe de las deudas pendientes, el ajuste de los plazos de pago a los marcados por la normativa y el pago de las mismas "deben establecerse como acciones prioritarias de gobierno tanto por la Administración General del Estado, como por las comunidades autónomas y las corporaciones locales".