Tras reprochar a Granados que su consejería, que ha externalizado este servicio dedicado a las mujeres víctimas de la violencia de género, se limite a pagar a esta empresa 449.099,85 euros y después "se lave las manos", citó algunas de estas anomalías.

Informó de que algunos trabajadores de esta empresa “coleguean” con los maltratadores, a los que tratan con "frases de comprensión" y les "facilitan domicilios de víctimas".

Además, añadió Pardo, "se están pervirtiendo las medidas que dictaminó el juez" y no se informa a la policía ni al juez cuando el maltratador “pasa el círculo de contención que tiene prohibido, ni cuando el dispositivo se queda sin pilas, ni cuando el maltratador lo tiene descolocado".

Francisco Granados reprochó a la diputada socialista "elevar a categoría general hechos puntuales" y de "condenar a los trabajadores sin reconocerles ningún derecho", e indicó que el mismo día que la Fiscalía de Madrid denunció a varios trabajadores de esta empresa por permitir a cuatro personas entrar en una zona a la que no podían acceder y no comunicarlo a la autoridad judicial, su departamento abrió una investigación que aún no ha concluido.

"La investigación en marcha no está concluida, pero hemos actuado con la máxima rapidez. El expediente está abierto y también la denuncia de la Fiscalía, que supongo que acabará en un juzgado", explicó.

Por último, denunció que otras comunidades como Andalucía y Castilla-La Mancha no cuentan con este servicio a las víctimas de la violencia de género y destacó que es mejor tenerlo externalizado que no tenerlo.