En un comunicado conjunto, estas organizaciones aseguran que si se retira la orden, comprometen su “total disposición para trabajar con el ministerio en medidas que permitan la coexistencia de la actividad ganadera y la fauna silvestre”.

Para Asaja, COAG Y UPA, la orden que Transición Ecológica pretende poner en marcha “es de todo punto inaceptable y carece de la necesaria legitimidad para salir adelante”.

A este respecto, recuerdan “las circunstancias en las que la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad decide prohibir el control de la especie, en una votación muy cuestionada, que tuvo que ser repetida y con los votos en contra de las comunidades autónomas donde el lobo tiene su principal implantación”.

Además, denuncian que la orden se basa en un censo de población de lobos de 2012-2014 que no refleja la situación actual y en el llamado informe Ascel, realizado por la Asociación para la Conservación del Lobo.

A este respecto, defienden que “lo más lógico sería conocer primero su situación real, es decir contar con un censo actualizado de la población del lobo ibérico”. Según los datos de las organizaciones agrarias, el lobo se encuentra en fase expansiva, aumentando significativamente el número de animales y manadas cada año y extendiéndose a territorios donde hasta ahora no tenía presencia.

De hecho, aseguran que los ataques a la ganadería se han incrementado exponencialmente pasando de más de 10.000 ataques de lobos registrados en 2019 a cerca de 15.000 en 2020. Con unas pérdidas estimadas que superan los 5,5 millones de euros.

Por otro lado, señalan que la orden “Ignora criterios científicos y objetivos y carece del necesario consenso de las partes afectadas, las comunidades autónomas donde se localiza el lobo y el propio sector ganadero, víctima de los ataques”.

“La única forma de solucionar este disparate normativo es que el ministerio retire la polémica orden y que se elabore un Plan de Actuación Global sobre el Lobo que incluya un diagnóstico real y certero de la situación del lobo y la ganadería; medidas de gestión y control de la especie; medidas de prevención de los ataques y un programa de indemnizaciones para los ganaderos que en ningún caso deben sufragarse ni con las ayudas de la PAC, vía eco esquemas, ni con los seguros agrarios que suscriben los productores”, concluyen.