El registro de este texto por parte del Grupo Socialista generó un profundo malestar entre sus socios de Unidas Podemos, que les acusan de “desleales” y de "romper el pacto de investidura", lo que el PSOE niega, alegando que se había hablado sobre el texto.

Todos los grupos de la oposición salvo Vox aceptaron la utilidad de la propuesta legislativa y se mostraron conformes con su admisión a trámite. Unidas Podemos y PP se abstendrán, mientras que ERC, Ciudadanos y Compromís votarán a favor.

Pese a ello, todos coincidieron en denunciar “las luchas internas” en el seno del Gobierno por “ver quién sostiene la pancarta de la igualdad”, un asunto “demasiado serio como para andar con estos juegos”.

La diputada de Vox Carla Toscano afirmó que la “igualdad de todos los españoles ya está garantizada por el artículo 14 de la Constitución”, y que esta ley “solo viene a cercenar la libertad individual de los españoles y a crear privilegios”.

Defendió la iniciativa la diputada socialista Beatriz Micaela Carrillo, quien subrayó que su objetivo es precisamente “ofrecer mayores garantías y desarrollar” el derecho a la igualdad ante la ley que consagra la Constitución.

Bautizada como 'Ley Zerolo’, la iniciativa “pretende establecer un mínimo común en el Derecho antidiscriminatorio español” y acabar con el trato diferente por razón de edad, origen racial, sexo, identidad de género, discapacidad, orientación sexual, creencias religiosas o estatus socioeconómico.

Así, prohíbe cualquier forma de discriminación a la hora de alquilar o comprar una vivienda, matricular a un alumno en un centro educativo, acceder a un lugar de ocio o recibir atención sanitaria. También impide las identificaciones policiales por perfil étnico y la financiación pública de centros que segregan por estos motivos.

La diputada Carrillo se acordó también de Juan José Ramírez Heredia, activista como ella a favor del pueblo gitano, y citó distintos testimonios de ciudadanos anónimos como ejemplos de discriminación cotidiana. Por eso es necesaria esta ley, dijo, y acusó a los diputados de Vox de promover “un discurso del odio”, que a su juicio “es fruto del miedo que nos tienen a los que somos diferentes”.

Carrillo y Toscano mantuvieron un cara a cara sobre la conveniencia de esta ley, que la primera consideró “imprescindible y necesaria, además, para cumplir con los compromisos internacionales firmados por España”, y que la segunda tildó de “chorrada” y de “gravísima intromisión en la vida de los españoles”.

Carrillo no mencionó en ningún momento el hecho de que esta propuesta no cuente con el aval del Ministerio de Igualdad, organismo del que, entre otras cosas, dependería el alto Comisionado para la Igualdad de Trato que prevé la ley. En su intervención, el portavoz de Unidas-Podemos, Ismael Cortés, preguntó al PSOE “por qué tras seis meses de trabajo” han decidido presentar esta ley en solitario “y actuar de forma tan desleal”.

LEY TRANS

Desvirtúa el espíritu del acuerdo de Gobierno que, según recordó, “preveía aprobar tres leyes antidiscriminatorias, tres: la de Igualdad de Trato, la de derechos LGTBI y la llamada Ley Trans”. Por ello, criticó que el mismo día en que “bloquean la aprobación del proyecto de la ley Trans en el Consejo de Ministros, presenten una ley a la que llaman Ley Zerolo”.

“En Unidas Podemos reconocemos también” la labor de este político socialista, referente en la lucha por los derechos LGTBI, señaló, pero utilizar su nombre “es querer disfrazar la verdadera intención (de esta ley) y hacer pasar ante la opinión pública lo que no es”.

Por lo demás, Cortés calificó la propuesta socialista de “tibia”, ya que no avanza suficiente en determinados aspectos, y defendió una redacción como ley orgánica. De este modo, podría “permitir una reforma de la Ley de Educación para prohibir los centros que segregan al alumnado”, explicó, o incluir en el currículum la historia del pueblo gitano o los efectos del colonialismo. También permitiría reformar el Código Penal para definir mejor estos delitos y una modificación de la Ley de Extranjería que, en su opinión, resulta de vital importancia.

La diputada de ERC María Carvalho se refirió de hecho a la necesidad de modificar la llamada 'ley mordaza' y la de Extranjería, que “es la columna vertebral de todo el racismo institucional del Estado español”. Anunció que apoyará la toma en consideración de la proposición, “aunque la llenaremos de enmiendas” para mejorarla, y reclamó asimismo la tramitación de la ‘Ley Trans’.

Precisamente, el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, vinculó la disputa entre Unidas Podemos y PSOE a este otro proyecto de ley, que consideró tan importante como la Ley de Igualdad de Trato. En referencia a esta última, destacó que “igualdad no es tratar de forma igual a quienes son muy diferentes”; y en cuanto a la primera, pidió “no poner a competir a unos grupos vulnerables contra otros por los derechos humanos”.

LUCHA INTERNA

Errejón se dirigió a ambas formaciones (PSOE y UP) para pedirles que “dejen de meterse el dedo en el ojo los unos a los otros”, mientras que el diputado del PNV Iñigo Barandiaran afirmó que la igualdad “es un asunto muy serio como para andar con estos juegos”. Consideró también que el establecimiento de una estrategia nacional como propone la ley invadiría competencias de las comunidades autónomas, que “son quienes deben ocuparse de ello”.

Según la diputada de EH Bildu Isabel Pozueta, esta propuesta “nace de las prisas y carece de los consensos necesarios”, pues obedece “a los intereses partidistas del PSOE”. Anunció su abstención, aunque cuestionó que una única ley pueda acabar con la discriminación que sufren las personas LGTBI, migrantes o con discapacidad. En su lugar, propuso distintas leyes sectoriales.

La portavoz de Ciudadanos en la comisión de Derechos sociales y Políticas de Discapacidad, Sara Giménez, reconoció en cambio la utilidad de la propuesta, que “supone abordar de forma integral la desigualdad y la discriminación en sus distintas formas”, y aseguró que su grupo defenderá su admisión a trámite, "porque sabemos lo que es sentirse discriminados”.

La diputada mostró su satisfacción por la toma en consideración del texto, en el que ya empezó a trabajar cuando formaba parte de la Fundación Secretariado Gitano, aunque pidió modificar la estructura del Comisionado para la Igualdad, a fin de garantizar su independencia.

Coincidió con la portavoz del grupo Popular, Margarita Proens, en que la redacción actual es fruto “de la lucha interna dentro del Gobierno”. Proens también resaltó la utilidad de abordar de manera integral todas las formas de discriminación, motivo por el que se abstendrán a la hora de votar la toma en consideración de esta norma.

Sí avanzó la presentación de múltiples enmiendas, para “garantizar a un tiempo la igualdad y la libertad personal”. Entre otros puntos, el PP pedirá asegurar la financiación pública a los centros concertados que segreguen por sexo y el mantenimiento de los centros de educación especial.

HOMENAJE A HASÉL

El diputado de la CUP Albert Botrán reprodujo en la tribuna un fragmento de una canción del rapero Pablo Hasél, y criticó que “como en las dictaduras más tristes, un cantante ha sido encarcelado hoy por delitos de opinión”.

Los diputados de ERC, Más País, BNG, EH Bildu y UP aprovecharon también su turno de palabra para mostrar su solidaridad con el músico detenido hoy en Lleida y condenado a nueve meses de prisión. Para Néstor Rego (BNG), “esta Cámara es cómplice de no modificar ni el delito de injurias a la Corona ni el de enaltecimiento del terrorismo”.

“Por muy desacertadas que sean, las opiniones no pueden delinquir”, destacó a su vez Errejón, mientras que Isabel Pozueta señaló que Hasél “está en la cárcel por decir lo mismo que los periódicos dicen todos los días”. “En un país donde se permiten manifestaciones nazis y fascistas, es muy triste que un cantante vaya a la cárcel por un delito de opinión”, declaró Carvalho.