En este contexto, Bruselas ha recomendado a España una serie de medidas a tomar en 2011 y 2012, entre las que se encuentran profundizar en la reforma del mercado laboral, y subir el IVA o la fiscalidad energética para compensar una reducción de los costes laborales.

Desde la Comisión abogaron por explorar posibilidades para reducir el nivel de las contribuciones de la Seguridad Social con el fin de reducir los costes salariales, lo que se podría compensar, por ejemplo, cambiando la estructura y el tipo del IVA y la fiscalidad energética.

Además, apunta que habría que adoptar y aplicar una reforma del proceso de negociación colectiva y el sistema de indexación de los salarios, para garantizar que su crecimiento refleja mejor la evolución de la productividad y las necesidades concretas de cada empresa.

En este sentido, destaca la referencia de la Comisión al diálogo social, al subrayar que estos puntos deberían tomarse después de consultar con los interlocutores sociales, "de conformidad con la práctica nacional".

REFORMA LABORAL

Desde Europa se propone que España realice una evaluación a finales de 2011 de los efectos de la reforma del mercado laboral aprobada en septiembre de 2010 y de la reforma de las políticas activas de empleo.

Ello debería ir acompañado, si procede, de propuestas de nuevas reformas para reducir la segmentación del mercado de trabajo (contratos fijos y temporales), y mejorar las oportunidades de empleo para los jóvenes.

REDUCCIÓN DEL DÉFICIT

Por otra parte, la Comisión destacó la importancia de cumplir con los objetivos de reducción del déficit público "en todos los niveles de gobierno", con la aplicación "estricta" de los mecanismos de control, también en el caso de la deuda.

Apunta también a la adopción de nuevas medidas en caso de que la evolución presupuestaria y económica no sean como se esperaba, y pide que se aproveche "cualquier oportunidad" para acelerar la reducción del déficit.

En este sentido, demanda además mantener el crecimiento del gasto público por debajo de la tasa de crecimiento del PIB a medio plazo, mediante la introducción de una norma destinada a la estabilidad presupuestaria en todos los niveles de la Administración.

En cuanto al sector financiero se pide reforzar la reestructuración en curso del sector de cajas de ahorros.