Según informó el Gobierno, la aprobación de este reglamento ha sido planteada por el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y por el de Educación, Ángel Gabilondo. La reforma busca que los ciudadanos tengan garantizado un asesoramiento, una defensa jurídica y una representación técnica de mayor calidad.

Para alcanzar este objetivo, el reglamento aprobado establece un sistema de formación basada en la excelencia, con tres pilares básicos: realización de un curso formativo específico; desarrollo de un periodo de prácticas y, en tercer lugar, una prueba para la evaluación de la aptitud profesional.

En la elaboración del reglamento, además de los ministerios proponentes, han participado representantes de las universidades y facultades de Derecho y de la abogacía. También se ha tenido en consideración la opinión de estudiantes de enseñanzas jurídicas.