Según informó el Gobierno regional, mediante este convenio se pretende ayudar a los contribuyentes madrileños a evitarse colas ante la Administración, y a la Dirección General de Tributos para que preste un servicio más ágil, rápido y con un menor coste para los ciudadanos.

Con este acuerdo, los asesores financieros y tributarios se ocupan de la notificación de los actos, de la instrucción del procedimiento sancionador, hasta la formulación de la propuesta de resolución, la prórroga y suspensión de plazos de presentación de documentos, y de todas aquellas tareas que, surgidas en el curso de la gestión encomendada, sean específicamente encargadas por la Comunidad de Madrid.

La Administración autonómica mantiene entre sus competencias la revisión y liquidación de las declaraciones tributarias que excedan de 30 millones de euros en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y de 100 millones en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

También es competencia de la región la inspección de hechos imponibles y de las liquidaciones que resulten de actas de inspección incoadas, los procedimientos especiales, el reconocimiento del derecho de las devoluciones de ingresos indebidos y realización de los mismos, la tasación pericial contradictoria y la resolución de los procedimientos sancionadores instruidos por las oficinas liquidadoras.