Según su director, Carles Campuzano,”es deber de la administración pública garantizar que cualquier persona que tenga la voluntad de votar, pueda hacerlo con todos los medios y apoyos que precise”.

En esta línea, reclamó la eliminación de todas las barreras cognitivas “que aún existen y que dificultan la participación electoral” de estas personas, así como la transcripción a lectura fácil de toda la documentación relativa a los comicios.

Con todo, Campuzano se felicitó por el hecho de que 15.000 catalanes con la capacidad jurídica modificada podrán por primera vez votar en unas elecciones autonómicas, tras la reforma de la ley electoral de 2018.