Rosell ha puesto en valor que el informe fiscal se refiera a la totalidad del anteproyecto, y no solo a la parte que modifica el Código Penal. “Esto es de agradecer desde el Gobierno y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género”, destacó. “Podemos evitar que no se obvien el resto de títulos de tutela integral, laboral, económica, social, educacional, de formación educativa”, como ha sucedido con otras leyes.

En este sentido la delegada aseveró que “la ley no va a atender solo a medidas penales, sino también a medidas de reparación”.

También agregó que en la Ley de Garantía de la Libertad Sexual “hay una protección más especializada y más específica que es la que se refiere a la protección contra la libertad sexual” en relación con la infancia y la adolescencia.

Por último, aplaudió que el Consejo Fiscal en su informe le confiera radical importancia al empoderamiento y a situar a las víctimas en el centro, que “salude positivamente la definición del consentimiento” expuesta en el anteproyecto y que el Consejo se congratule “de que España por fin vaya a cumplir el Convenio de Estambul y poner el consentimiento en el centro de la definición de los delitos de violencia sexual”.

Además, hizo hincapié en que el informe no coincide con la crítica que expuso el Consejo General del Poder Judicial a la ley, con la que afirmaba que el consentimiento ya se situaba en el eje de los delitos contra la libertad sexual anteriormente, “pero sabemos que realmente no es así”, concluyó Rosell.