Así lo han expresado los líderes de las tres organizaciones en una rueda de prensa telemática, en la que han matizado que no se oponen al desarrollo del lobo, sino a la forma de “convivencia” que existe; y han confirmado la emisión de una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que piden “la reparación inmediata de la decisión”.

El Gobierno, a través de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad –que también incorpora a las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla– apuntó la semana pasada que incluiría al lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), lo que conlleva la prohibición de su caza en el Norte del Duero.

Pero las asociaciones ganaderas no consideran que el lobo esté en peligro de extinción y sostiene que decretar la prohibición de su caza es “declararle la guerra” al sector, en particular a los ganaderos extensivos del norte de España.

Según el secretario General de COAG, Miguel Blanco, en la actualidad hay 2.500 ejemplares en España, 2.200 más que en la década de los 60. “[Esta decisión] es oportunismo barato, postureo de escaparte a espaldas de la realidad del medio rural. Los despachos desarrollan un nivel de prepotencia y sectarismo que, a veces, es inaguantable”, prosiguió el dirigente de COAG, quien afirmó que esta declaración “no quedará sin respuesta” y exigió al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, “implicarse en la defensa de los ganaderos”.

“No se ha legislado nada para el mundo rural y la España vaciada, sino contra ella”, añadió el presidente de Asaja, Pedro Barato, quien aseguró que, mientras que el número de ganaderos “baja”, el de los lobos “sube”.

Por su parte, Lorenzo Ramos, señaló que no es el lobo quien está en peligro de extinción, sino que son los propios ganaderos. “El lobo no está siendo sometido a cacerías. No se caza como si fuesen conejos o perdices. Los ganaderos no matan lobos, sino que más en el 50% de los casos somos quienes lo alimentan”, señaló.

En este sentido, los dirigentes de las tres patronales ganaderas han rechazado que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, no haya tenido en cuenta al sector primario para la aprobación de esta política y solo haya consensuado la nueva legislación con los grupos ecologistas, a los que han calificado de “grupos ultra”. “Nos sentimos despreciados por esta situación, no se nos ha tenido en cuenta para nada. Y en vez de aparecer como los damnificados, parecemos los depredadores del lobo”, afirmó Lorenzo Ramos.

Por último, respecto a las palabras del secretario de Estado de Medioambiente, Hugo Morán, quien aseguró que una parte de los fondos de la Política Agraria Común (PAC) debería destinarse a sufragar el coste económico que supondrá para el sector la prohibición del lobo, el presidente de Asaja, Pedro Barato, calificó la propuesta como una “provocación”.

“No tiene vergüenza si sigue con estas afirmaciones. La PAC es un dinero legítimo de los agricultores y ganaderos españoles para hacer determinadas funciones, entre otras cosas, poner alimentos sanos y de calidad de los españoles. Si lo que quiere ahora es trincar el dinero de la PAC para arreglar desaguisados, nosotros no estamos de acuerdo”, concluyó.