En este sentido, Gallego aseguró que este estatuto es “una buena oportunidad” para las fundaciones pero también “un reto”, ya que “va a exigir su aprobación por todos los estados miembros” de la Unión Europea.

Mientras, la responsable de la Asesoría Jurídica, Isabel Peñalosa, apuntó que uno de los principales problemas del caso español es identificar qué administración se debe encargar de este asunto para así recabar el apoyo del poder político.

En relación a las oportunidades de las fundaciones en una época de crisis económica, Peñalosa señaló que las entidades deben “afinar en la definición de su misión” y “hacer lo que mejor saben hacer” para llegar a un mayor número de personas. “Aumentar su eficiencia aunque sea con menos recursos”, añadió.

Mientras, la subdirectora indicó que la crisis supone una oportunidad para que las fundaciones colaboren, no sólo entre ellas y sí con otros agentes, como las Administraciones Públicas. “Para avanzar, es necesario colaborar”, dijo.

Preguntadas sobre el futuro de las fundaciones en un momento en que las Cajas de Ahorros van a desaparecer, ambas señalaron que es difícil saber qué pasará con la acción social hasta que no se conozca qué modelo van a adoptar