Esta investigación era una pieza separada del "caso Faisán", el procedimiento abierto para esclarecer el chivatazo que el 4 de mayo del 2006 alertó a ETA de la operación que se iba a llevar a cabo en Irún (Guipúzcoa) contra el aparato de extorsión de la banda terrorista, en el que García Hidalgo también se encuentra imputado.

El magistrado ha decidido decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones al entender que en las diligencias de investigación practicadas no se han encontrado elementos probatorios que puedan corroborar la imputación de García Hidalgo en la causa.

La investigación “no puede concluir sino en la necesaria falta de trascendencia penal de la conducta atribuida a García Hidalgo, al no haberse revelado durante la instrucción judicial elementos suficientes que conduzcan a justificar debidamente la perpetración de delito alguno”, señala el auto dictado hoy por Ruz.

TELÉFONO DEL GOBIERNO

Esta causa contra García Hidalgo fue abierta después de que las autoridades francesas encontraran en poder de los presuntos etarras Jon Yurrebaso Atutxa y Kepa Mirena Suárez Ugarte, detenidos en Francia en marzo de 2007, durante la tregua de ETA, un papel con varios números de teléfono que podrían pertenecer a altos funcionarios de los gobiernos español y francés, entre ellos el que supuestamente utilizaba el exdirector de la Policía.

Yurrebaso portaba una pequeña ficha de cartulina con anotaciones escritas a mano de cuatro números de teléfono. El supuesto etarra explicó en las declaraciones prestadas ante la policía francesa y ante la jueza antiterrorista Laurence Levert que “se trataba de los números que utilizaban como miembros del grupo encargado de las negociaciones entre ETA y el Estado español”.

El presunto terrorista afirmó formar parte de la mesa de negociaciones con el Gobierno español y que los números de teléfono le habían sido facilitados por los negociadores gubernamentales con el objetivo de que pudiera llamar “para ser puesto en libertad en el caso de ser detenido”.

El juez Ruz asegura en su auto que la declaraciones de Yurrebaso “carecen del debido sustento corroborador”, como demuestra el hecho de que los dos presuntos etarra no fueran liberados tras su detención.

“Más allá de las meras manifestaciones efectuadas por Yurrebaso tras su detención, no corroboradas por el resultado de ninguna otra de las diligencias llevadas a cabo, no se ha llegado a acreditar en modo alguno la perpetración de acción delictiva”, afirma el magistrado de la Audiencia Nacional.

INCORPORACIÓN AL “FAISÁN”

A pesar de decretar el archivo, Ruz ha ordenado que se incorporen estas actuaciones al sumario principal del “caso Faisán” por si los elementos reunidos contra García Hidalgo pueden contribuir a reforzar su imputación en el chivatazo, una causa en la que se le imputan delitos de colaboración con ETA y revelación de secretos. En el “caso Faisán” también están imputados el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, y el inspector José María Ballesteros.

El juez Ruz también rechaza en el auto hecho público hoy la nulidad parcial de las actuaciones solicitada por la Fiscalía en base a una supuesta vulneración de derechos.