Se pronunciaba así sobre la propuesta del abogado de Bárcenas formulada ayer lunes ante el tribunal durante el trámite de cuestiones previas, que deberá ser resuelto en los próximos días por los magistrados que componen la Sala. "Aún no sabemos si existen contradicciones, que deben afectar al objeto de la causa. No podemos aventurar una opinión sobre ello". Sin llegar a descartarlo, el fiscal tampoco se llegó a pronunciar sobre la "utilidad y necesidad" de la citación de cuatro periodistas que pudiera acreditar la versión de Bárcenas.

Además, la Fiscalía apoyó el aplazamiento de la declaración de los acusados durante unos días en espera de que el exgerente del PP Cristóbal Páez, acusado en esta vista, se pueda recuperar de la infección por Cóvid-19 que padece. La petición de aplazamiento fue hecha por su abogado. El presidente del tribunal conectó ayer por videoconferencia con Páez para preguntarle por su estado de salud. El acusado dijo que tenía fiebre y que no se encontraba bien. Hoy se ha repetido la comunicación y el exgerente ha dicho que estaba igual. La abogada del Estado también se ha mostrado dispuesta al aplazamiento.

Además, ha solicitado limitar el objeto del juicio y rechazó la personación de las acusaciones populares en el caso de los supuestos delitos fiscales en los que no existe acusación ni de la Fiscalía ni de la Abogacía del Estado. Descartó, por errónea, “la prescripción del delito sobre la declaración del IVA” correspondiente al ejercicio 2010 del que se acusa a Unifica, la empresa encargada de remodelar la sede nacional del PP, puesto que la posibilidad de comprobar ejercicios anteriores, “incluso prescritos, no prescribe", defendió la Abogacía.

Por su parte, la acusación popular que representa la abogada y exportavoz socialista en Les Corts Carmen Ninet tampoco se opuso a aplazar la vista hasta la recuperación de Páez, aunque pidió que la reanudación de la vista se vincule a un resultado negativo en PCR.

El abogado Gonzalo Boye, que ejerce la acusación popular en representación del Observatorio DESC, anunció su renuncia a 72 testigos de los propuestos para agilizar el juicio, entre ellos la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias. Según dijo, es importante que el extesorero declare sin sentirse “amenazado o condicionado emocionalmente” y por ello renuncia a la declaración de su mujer, que “no aporta nada en este caso”.

Los abogados de las acusaciones populares, sin excepción, han respondido con dureza al letrado que representa al PP, Jesús Santos, que ayer dijo que sus estrategias perseguían fines “espurios” y el desgaste político del adversario. Le han recordado que ahora el PP denuncia falta de legitimización de las acusaciones populares después de que el propio PP fuera expulsado del caso 'Gürtel'. "Estamos defendiendo un interés general”, aseguró Boye.

Precisamente, Jesús Santos era esta mañana centro de atención a su llegada a la Audiencia Nacional, tras la publicación por varios medios de comunicación de informaciones que le colocan como enviado del Partido Popular para intermediar con Bárcenas. Según esas informaciones, el abogado se habría reunido en más de una decena de ocasiones con un íntimo amigo del extesorero, Agustín de Diego, al que supuestamente transmitió tranquilidad sobre el futuro de Rosalía Iglesias. Los contactos se habrían producido en 2017, tras conocerse la sentencia por la primera etapa de la trama 'Gürtel'. La persona que presentó a ambos negociadores fue el actual consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López.

El juicio por el caso de los papeles de Bárcenas arrancó el lunes en la Audiencia Nacional. Se juzga el pago de una parte de las obras de la sede nacional del PP con dinero negro procedente de la 'caja B' que manejaba el extesorero. Su abogado, Gustavo Galán, planteó un careo con el expresidente Mariano Rajoy.