Además del esfuerzo presupuestario que se va a realizar para el desarrollo del Sistema de Atención a la Dependencia, el Ejecutivo cofinanciará con esta cantidad proyectos dirigidos a satisfacer tanto necesidades básicas del colectivo como las de su familia, a través de acciones del sistema arbitral, de acciones de la lengua de signos y medios de apoyo a la comunicación oral y de diversas acciones del plan.

Los créditos para el pago de las pensiones derivadas de la Ley de Integración Social de Minusválidos (Lismi), cuentan con una dotación en el ejercicio 2010 de 50,35 millones de euros, en función de la evolución del colectivo protegido.

El Proyecto de Ley insiste en la “prioridad” que supone para los poderes públicos la atención al colectivo de personas con discapacidad, con el fin de “garantizar una política de atención integral a las mismas y a las familias cuidadoras”.