Luengo dijo que la evolución del coronavirus está golpeando con especial dureza al mercado de trabajo de la región y, "especialmente, a los sectores económicos más feminizados, como pueden ser la hostelería, el comercio o los servicios auxiliares y actividades de hogar".

Paralelamente, añadió, "algunas de las actividades que han mantenido su actividad en el confinamiento y, por tanto, están más expuestos al contagio, también tienen un fuerte protagonismo de la mujer, como las actividades sanitarias -en el que representan el 72,7% de trabajadores-".

Estas dos circunstancias se suman a los efectos de la pandemia en el ámbito de los cuidados no remunerados, que ya recaían especialmente en las mujeres “y que ahora demandan con urgencia que consolidemos en nuestro día a día una estructura basada en dos principios prioritarios: la conciliación y la corresponsabilidad”, subrayó el consejero.

Para avanzar en ellos y en la recuperación del empleo femenino, dijo que la Comunidad de Madrid y la Cámara de Comercio “van a sumar fuerzas con una colaboración que pretende potenciar la formación y la adaptabilidad de las mujeres a los nuevos requerimientos del mercado de trabajo para garantizar el avance hacia una igualdad de oportunidades real y efectiva entre hombres y mujeres”.

Los objetivos que fijará este convenio, que se rubricará antes de que finalice el primer semestre del año, pivotarán sobre la empleabilidad de las mujeres, el impulso y fomento de la igualdad y la concienciación y prevención de la violencia machista.

Además de este convenio, el Gobierno regional ya ha puesto en marcha programas como GEA Madrid, dirigido a promover la participación social y laboral de las mujeres en el ámbito rural, o Generando Cambios, que ofrece un servicio de asesoría a empresas de entre 10 y 249 trabajadores para la promoción de la igualdad de oportunidades.

Y también trabaja en implementar la veintena de medidas acordadas en el seno del Grupo de Trabajo contra la Violencia Machista, con especial atención a colectivos como las mujeres rurales, las mujeres mayores de 65 años o las mujeres con discapacidad.