Según consta en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentados hoy en el Congreso de los Diputados, de esos 1.818,80 millones, 1.740,69 se destinarían al Ministerio de Justicia, incluido el Centro de Estudios Jurídicos, y 78,11 millones al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

De esa partida, el Gobierno quiere destinar 102,07 millones a la creación de 150 nuevas plazas de jueces y 100 de fiscales, así como a la instauración de nuevos Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

Para la plena incorporación de las nuevas tecnologías de los sistemas de información y comunicación a la Administración de Justicia, el Gobierno quiere destinar 101,38 millones de euros.

Además, el Gobierno quiere llevar a cabo una “reforma en profundidad” del Registro Civil para convertirlo en un “Registro Civil Único para todo el Estado”. Así, ha previsto una partida de 45,71 millones de euros.

Por otra parte, el Ejecutivo quiere dotar 64,54 millones de euros a construir 30 nuevos edificios judiciales y a rehabilitar otras 13 sedes.

Por último, quiere dedicar 34,9 millones de euros al sistema de justicia gratuita, es decir, a garantizar que quienes carecen de medios económicos para litigar puedan proveerse de los profesionales necesarios en defensa de sus derechos e intereses legítimos.