El Protocolo de Nagoya fue adoptado en la décima reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio en octubre de 2010, tras ocho años de negociación.

Su objetivo principal es asegurar la participación justa y equitativa en el reparto de beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos.

Por su riqueza en diversidad biológica, España tiene el doble perfil de país proveedor y usuario de recursos genéticos.

Para el Gobierno, el acuerdo en el Consejo de Ministros supone "un nuevo avance en la lucha contra la pérdida de biodiversidad, que debe protegerse y valorarse por cuestiones éticas y por su contribución al bienestar humano".

El protocolo trata de fortalecer el cumplimiento de las normas nacionales de acceso de los países proveedores de recursos genéticos, mediante la exigencia de medidas de cumplimiento y seguimiento en los terceros países donde se utilicen dichos recursos.

Así, permitirá lograr una mayor transparencia en los sectores que utilizan recursos genéticos y una "más fluida y constante transferencia de beneficios a los países proveedores", con la consecuente mejora de la conservación la biodiversidad.