La carta, a la que ha tenido acceso Servimedia, está firmada por Carlos Ríos-Espinosa, investigador y abogado senior de la División de Derechos de las Personas con Discapacidad de Human Rights Watch.

"Le escribimos para expresar nuestra preocupación con respecto al lenguaje utilizado en ciertas secciones" de la Ley, explica, "que podría estigmatizar a las personas con discapacidad", ya que propone, como una de las hipótesis para que una persona solicite la eutanasia "padecimiento grave, crónico e imposibilitante" la situación que "hace referencia a una persona afectada por limitaciones que inciden directamente sobre su autonomía física y actividades de la vida diaria, de manera que no pueda valerse por sí misma, así como sobre su capacidad de expresión y relación, y que llevan asociado un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable para la misma, existiendo seguridad o gran probabilidad de que tales limitaciones vayan a persistir en el tiempo sin posibilidad de curación o mejoría apreciable. En ocasiones puede suponer la dependencia absoluta de apoyo tecnológico".

La ONG pide al Senado modificar la referencia al "padecimiento imposibilitante" y las referencias a "situaciones y circunstancias vividas por algunas personas con discapacidad, incluidos los requisitos de apoyo en el autocuidado y las dificultades de expresión y relación con terceros, que no necesariamente causan sufrimiento intolerable".

Propone por ello una redacción alternativa para ese artículo 3.b) de la Ley: "Condición de sufrimiento grave, crónico e intolerable: Situación en la que una persona experimenta un sufrimiento físico o mental constante e intolerable, con certeza o alta probabilidad de que persistirá en el tiempo sin posibilidad de curación o mejoría apreciable, incluso mediante alternativas existentes".

"Nos preocupa", argumenta, que el actual lenguaje de la Ley puede "asociar innecesariamente la discapacidad con el sufrimiento y corre el riesgo de promover una percepción negativa hacia las personas con discapacidad".

Recuerda, en ese sentido, que la Convención sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2007, insta a los Estados parte a adoptar medidas inmediatas, efectivas y adecuadas para combatir los estereotipos y prejuicios relacionados con las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida.

En la carta, Human Rights Watch recuerda que es una organización no gubernamental independiente que monitorea y reporta sobre la situación de los derechos humanos en más de 90 países de todo el mundo.