En una exposición de más de una hora, el Ministerio público desgranó las pruebas de que el máster que está en tela de juicio se desarrollaba con “irregularidades notorias” e insistió en que "nada de lo que ha mantenido” Cifuentes durante la vista “ha podido ser comprobado", defendiendo que no presionó a la Universidad en primera persona “por su cargo”.

Así, la fiscal mantiene la petición de tres años y tres meses de cárcel para la expresidenta madrileña, y para la profesora y asesora de la Comunidad de Madrid, Teresa Feito.

En un contundente alegato, la fiscal aseguró que "por su cargo (Cifuentes) no se manchó las manos, pero es evidente que le urgía imperiosamente que la Universidad le ofreciese una solución. Si la maquinaria se puso en marcha fue por estas presiones".

"La única, primera y última beneficiaria de ese acta era ella y su carrera política", explicó Santos antes de recordar que cuando la expresidenta madrileña tuvo en su poder el acta falsificada del Trabajo Fin de Máster (TFM) se apresuró a lanzar un vídeo en redes sociales en el que exhibía el documento a sabiendas de que "no correspondía con la realidad".

La tarde del 21 de marzo de 2018, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid publicó un vídeo en el que mostraba el documento asegurando que no pensaba abandonar el cargo y que “las cosas se acreditan con papeles, no con palabras". Ese acta, refrendaba la defensa del TFM ante un tribunal académico que la propia Cifuentes ha reconocido en la vista que no realizó. Así, la fiscal sostuvo que la confección de ese documento sólo se produjo como respuesta a “las exigencias de la presidenta", con el objetivo de "salvar su reputación".

La fiscal coloca en el centro de esta trama a Teresa Feito y a la funcionaria que modificó las notas de Cifuentes, Amalia Calonge. Según sus conclusiones, la asesora de la Comunidad de Madrid fue la persona que ejerció, ‘de facto’, las presiones necesarias para acreditar la realización del máster.

Feito ejerció una presión “sutil y constante” que es efectiva “si el que ejerce la presión está en el poder y el afectado no tiene posibilidad de protegerse”, como ocurrió con la profesora Cecilia Rosado, responsables de falsificar el acta, según declaró, por indicación del catedrático Enrique Álvarez Conde, director del Instituto de Derecho Público de la URJC, y bajo la presión de decenas de llamadas de Feito.

De ella ha destacado que era en ese momento asesora del consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken, y amiga personal de la hermana de Cifuentes que trabaja en la Universidad Rey Juan Carlos. En conclusión, el Ministerio público puso de relieve la "falta de seriedad y numerosas irregularidades en el máter que, curiosamente, benefician siempre a los mismos".

En relación a la tercera acusada y responsable confesa de la falsificación del acta, Cecilia Rosado, la fiscal pide 21 meses de cárcel, una pena menor que para las otras dos procesadas por entender que se le puede aplicar el atenuante de colaboración y miedo insuperable ante las presiones de Álvarez Conde y de Feito.

La acusación que ejerce la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) criticó que la defensa de Cifuentes retirara finalmente el pendrive que contenía una copia de su agenda en la que constaba que debía defender el TFN el 2 de julio de 2012, después de que todas las partes preguntaran a acusados y testigos por esa prueba.

El letrado insistió en “la URJC está por encima de las personas que cometieron irregularidades evidentes", y sostuvo que la documentación falsificada "se fabricó para dar cobertura a un hecho inexistente" que sirvió para descargo de Cifuentes, que la esgrimió públicamente sabiendo que era falsa.