La institución ha remitido a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias un informe en el que argumenta y solicita la incorporación de educadores sociales en las prisiones de todo el Estado, al entender que su función está siendo “ejercida por personal funcionario de vigilancia que no dispone de la titulación”.

En este sentido, invita al Ministerio del Interior a “una profunda reflexión sobre la importancia y la necesidad de implementar la Educación Social para, entre otros derechos básicos de las personas privadas de libertad, dar un sentido pleno al artículo 25.2 de la Constitución”, que reza que la privación de libertad está orientada “hacia la reeducación y reinserción social”.