A su juicio, tal solución ayudaría “sin poner en riesgo ni un ápice del control financiero efectivo sobre la CNMV ni incurrir en déficit”, tal y como afirmó durante su comparecencia en el Congreso, haciendo suya una vieja queja expresada en la misma Cámara por su antecesor Sebastián Albella.

Buenaventura denunció los problemas de autonomía de que los que adolece la CNMV para gestionar la plantilla aun cuando los recursos con que se financia provienen, “exclusiva e íntegramente, de tasas que paga el sector privado supervisado y no por el contribuyente”, y explicó que tener recursos suficientes es imprescindible para garantizar la efectiva operativa del organismo.

Según glosó, una institución como la CNMV debe ser independiente para “cumplir mejor” con sus objetivos porque tiene una función arbitral o la de dirimir entre intereses contrapuestos entre entidades, inversores, emisores accionistas o incluso intereses públicos “y ello requiere de un ejercicio de imparcialidad notable”.

Además, explicó que el organismo debe estar “adecuadamente dotado de recursos humanos y técnicos y de autonomía de gestión para interactuar con solvencia y eficiencia”, ya que supervisa un sector de “elevada especialización, sofisticación e influencia”.

Para encarar ese desafío con solvencia, explicó que precisa “recursos económicos, personal y gobernanza”. En este punto expresó que, si bien “el grado de independencia efectiva de la CNMV es razonablemente elevado”, necesita algunas mejoras como la referida al régimen de contratación y remuneración para lograr la “conservación del talento”.

420 TRABAJADORES

Al respecto, juzgó “insuficientes” las 420 personas que actualmente trabajan en la CNMV cuando el organismo tiene el cometido de vigilar la gestión de unos 300.000 millones de euros de vehículos de inversión colectiva propiedad de unos 12,6 millones de partícipes, supervisa la contratación de 565.000 millones de euros en valores y a 130 empresas cotizadas con un balance agregado de 4,4 billones.

El presidente de la CNMV se quejó de que el organismo “ha perdido” la autonomía para cubrir las bajas de su personal, quedando sujeto a un mecanismo de oferta de empleo público que tarda, en la práctica, más de dos años en poder reclutar.

Además, denunció que “carece de la mínima flexibilidad para ofrecer una carrera profesional a sus empleados más valiosos y con ello aplicar fórmulas de conservación del talento”, ya que cualquier promoción remunerada tiene que ser visada por la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (la CECIR). Según abundó, esta realidad “incide en su motivación y en la rotación”, con fugas en muchos casos hacia el Banco de España, “que sí cuenta con dichos mecanismos”.

“Lo que pedimos es sencillo: que el gasto global de personal sea sujeto a un control estricto en su conjunto, por el Ministerio de Hacienda, el de Función Pública y por este Parlamento, pero que recuperemos la flexibilidad para reponer bajas sin esperar años”, demandó, dejando claro que “no solicitamos una elevación sustancial del nivel retributivo medio ni tampoco reclamamos relajar el control global sobre el gasto de personal total”.

En materia de gobernanza consideró “adecuados” los procedimientos de designación del presidente y vicepresidente de CNMV, “sujetos al escrutinio de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital” del Congreso, pero abogó por ampliar los mandatos y “que duren más de una legislatura”. Sugirió que sean de 5 ó 6 años y sin posibilidad de renovación como está en la autoridad europea de valores ESMA o en la de supervisión MUS, para que contribuyan “a reforzar la independencia real de quien los ejerce”.

MODELO SUPERVISOR

De forma adicional abogó por introducir una reforma legislativa porque “terceras personas o autoridades, incluso gubernamentales, no deben tratar de influir en el criterio de los miembros del Consejo -de la CNMV- ni éstos recabar ni aceptar instrucciones de instancias externas”. Como ejemplo a su demanda explicó que la Comisión Europea tiene voz, pero no voto, en el Consejo de ESMA y el BCE no forma parte del consejo de ESMA, aunque tengan acuerdos y mecanismos formales e informales muy fluidos de coordinación.

Durante su intervención aprovechó para expresar su opinión sobre el modelo óptimo de supervisión apostando por el sistema de doble pico o ‘twin peaks” defendido en la misma Comisión del Congreso por el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.

El modelo de doble pico supone agregar las competencias de supervisión de la solvencia de las entidades bajo un organismo, probablemente el Banco de España, y concentrar las relativas a conducta y relación con clientes en otro, que potencialmente podría ser la CNMV, frente al sistema actual donde ambos cometidos los asumen diferentes supervisores especializados por sectores (el Banco de España para la banca, la CNMV para los mercados y la Dirección General de Seguros y Planes de Pensiones para los seguros).

“La realidad es que este esquema no acaba de abordar correctamente la creciente interconexión entre los tres subsectores y los conflictos que se pueden presentar entre los objetivos de solvencia y conducta”, estimó Buenaventura. Frente al sistema actual, defendió que “un supervisor de conducta no debería estar preocupado por cuál será el efecto de una decisión a favor de los clientes de una entidad sobre la solvencia de esa entidad, y viceversa”.