"Garantizar unas cadenas de suministro de baterías limpias y verdes debe ser una prioridad para las empresas y los gobiernos durante la recuperación postpandemia", apuntó Amnistía, que acaba de publicar el documento 'Energía para el cambio: principios para las empresas y los gobiernos de la cadena de valor de las baterías'.

Investigaciones anteriores de Amnistía reflejaron que el cobalto extraído por menores en la República Democrática del Congo podría entrar en las cadenas de suministro de algunas de las principales marcas de electrónica y vehículos eléctricos del mundo, mientras que la extracción de litio en América del Sur ponía en en peligro los recursos hídricos y los frágiles ecosistemas de los pueblos indígenas.

Mientras tanto, la demanda creciente de tecnologías para baterías 'verdes' conlleva nuevos riesgos para el medio ambiente, como la contaminación de las zonas mineras, daños en el lecho marino y una cantidad de residuos cada vez mayor debido a un diseño ineficiente, según Amnistía Internacional.

"Aunque tecnologías como los vehículos eléctricos son esenciales para abandonar los combustibles fósiles, la revolución de las baterías tiene riesgos propios para los derechos humanos y para el planeta. Éste es un momento crítico para replantearse la forma en que funcionan nuestras economías e industrias: en medio de la pesadilla de la pandemia, tenemos la oportunidad de crear un futuro más justo y más sostenible", declaró Mark Dummett, director del Programa de Asuntos Globales de Amnistía Internacional.

Dummett añadió al respecto: "Pedimos a las empresas de todos los eslabones de la cadena de suministro de las baterías que aporten su granito de arena para garantizar que están realmente propulsando el cambio. Los derechos humanos deben estar en el centro de sus operaciones, lo que podría traducirse en hacer más transparentes las cadenas de suministro, ofrecer reparación donde hayan causado daños o garantizar que se consulta con las comunidades indígenas sobre los proyectos de minería que las afectan".

"Los gobiernos también deben mostrar liderazgo apoyando inversiones y soluciones de energía basadas en una transición justa. La falta de respeto a los derechos humanos debe ser un factor no negociable para cualquier empresa implicada en la industria de las baterías; eso significa que los gobiernos han de hacer cumplir la legislación de protección medioambiental, investigar las denuncias de abusos y convertir en requisito legal la diligencia debida en materia de derechos humanos", recalcó.