Así lo aseguraron en un comunicado conjunto la patronal Aproser, la entidad Asecops y los sindicatos UGT y CCOO. Estas organizaciones explicaron que en octubre pasado el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley para luchar contra el fraude fiscal, que en la actualidad se debate como proyecto de ley en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados.

Según el sector de la seguridad privada, en el proyecto se contempla la reducción de los límites de pago en efectivo de 2.500 a 1.000 euros para la inmensa mayoría de las operaciones.

A juicio de los firmanes del comunicado, llevar esto a la práctica supondría “un importante nuevo ataque a la consideración del efectivo como medio de pago”, al tiempo que se destaca que no hay “justificación alguna" para relacionar directamente el uso de billetes y monedas con el fraude fiscal.

Para empresas y sindicatos de la seguridad privada “no tiene sentido” que la rebaja del límite de pago en efectivo de 2.500 a 1.000 euros se incluya dentro de un marco para la mejora del sistema tributario.

"DEMONIZACIÓN" SIN MOTIVO

Se destaca que en los países del entorno de España no se demuestra que exista una vinculación directa entre los porcentajes de utilización del efectivo y los niveles de economía sumergida.

Asimismo, se apunte que esta propuesta se encuadra en un contexto de “insistente y continua ofensiva de discriminación, exclusión y demonización del único sistema público de pago”, y que se acomete en plena crisis económica y sanitaria. El Observatorio también argumenta que incorporar otra “nueva barrera” al consumo, añadida a las restricciones por medidas sanitarias, podría generar un “efecto devastador difícilmente recuperable ya no solo en el corto plazo”.

Por este motivo, el sector de la seguridad privada solicita que se lleve a cabo una adopción de límites más estrictos a la utilización del efectivo de forma coordinada con la UE y gradualmente en el tiempo. Añade que si se mantienen los términos del proyecto de ley, lo haga al respecto de la exclusión de su ámbito de aplicación de las operaciones realizadas por los particulares en su condición de pagador de las operaciones comerciales.