Los populares consideran que la norma de reordenación del sector público no sólo es inconstitucional sino que además atenta contra el Estatuto de los empleados públicos y contra el Estatuto de Autonomía.

Sáenz de Santamaría declaró que este es un recurso de inconstitucionalidad "que trata sobre todo de proteger y defender" los derechos de los funcionarios y de los empleados públicos en Andalucía, y añadió que las tareas públicas no deben ejercitarse con "carácter privado".

Por su parte, Antonio Sanz sostuvo que la Junta ha buscado “una puerta de atrás para incorporar a muchas personas de la administración que no tienen la condición de funcionario público”.

Sanz calificó de “agresión continua” lo que la Junta de Andalucía y el Partido Socialista están haciendo contra los funcionarios públicos de la región.