Así lo explicó la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, donde destacó que también se incluye la posibilidad de que amplíen el plazo de pago de sus préstamos las empresas del sector del turismo y del transporte o los autónomos que hayan visto reducidos sus ingresos al menos un 40%.

Además, indicó que estas moratorias al pago de las hipotecas y de otros préstamos será por un periodo de nueve meses. Además de las hipotecas, permite la suspensión temporal de las obligaciones derivadas de préstamos o créditos al consumo, créditos asociados a tarjetas de pago, leasing, factoring o cualquier tipo de contrato de financiación con cuotas o liquidaciones periódicas al que esté haciendo frente cualquier consumidor o autónomo que se encuentre en situación de vulnerabilidad.

En el caso de las empresas del sector del turismo podrán solicitar una moratoria de los préstamos con garantía hipotecaria de los inmuebles destinados al desarrollo de su actividad como hoteles, alojamientos turísticos y locales de agencias de viajes.

En relación con el sector del transporte, las empresas dedicadas al transporte público de mercancías y transporte discrecional de viajeros en autobús podrán aplazar los pagos del principal de las cuotas de sus préstamos, leasing o renting de vehículos.

Montero destacó que con estas moratorias “las personas en situación de vulnerabilidad o los entornos empresariales más afectados por las restricciones contarán con suficientes instrumentos para atender a sus obligaciones y racionalizar los compromisos de pago que tienen en este periodo para evitar que sea una carga gravosa que les genere dificultades para poder preservar el negocio”.

Entre los beneficiarios de la medida, Montero indicó que se encuentran las personas con una hipoteca a las que sus inquilinos les han dejado de pagar el alquiler durante el estado de alarma.

Otros de los beneficiarios son las unidades familiares en desempleo o cuyos ingresos no superen tres veces el Iprem o cuyas cuotas para el pago de la hipoteca y los gastos de los suministros superen el 35% de sus ingresos. También a quienes el esfuerzo para el pago de la hipoteca sobre el total se ha multiplicado por 1,3 veces.

Las moratorias ya concedidas no se verán alteradas, si bien quienes se hayan beneficiado de un aplazamiento anterior podrán solicitar uno adicional por un periodo máximo acumulado entre ambos de nueve meses.

El Gobierno incluyó las moratorias hipotecarias dentro del escudo social aprobado durante el estado de alarma y posteriormente prorrogó su acceso hasta el pasado mes de septiembre, haciendo extensiva su aplicación a créditos sin garantía hipotecaria o para el consumo o hipotecas sobre viviendas o locales en régimen de alquiler.

Posteriormente la banca lanzó una moratoria más generosa en colectivos, al ser accesible para personas que no cumpliesen el perfil de extrema vulnerabilidad fijado por el real decreto para la moratoria legal, y más amplia en el tiempo. La solución sectorial admitía aplazamientos del capital -sólo se pagan los intereses- en hasta seis meses para créditos al consumo y de doce meses para hipotecas.

Bajo dichos programas las entidades aún mantenían casi 1,38 millones de moratorias al cierre del pasado ejercicio, con un saldo vivo pendiente de amortización de 54.451 millones de euros.

Según los datos del Banco de España, ahí se incluían 222.000 hipotecas acogidas a la moratoria legal y con un capital pendiente total de amortización de 19.970 millones; y otras 363.176 operaciones distintas a financiaciones hipotecarias, por 2.684 millones de euros.

A dichas cifras hay que sumar otras 794.385 operaciones aprobadas por la banca con la moratoria sectorial y con una deuda pendiente total de 31.389 millones de euros.