Así lo anunció el secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, durante la presentación de la inversión en dependencia en Navarra prevista para 2021. La primera medida de este plan, como dijo, es “el incremento de la financiación en dependencia consagrado en los Presupuestos Generales del Estado con 600 millones”.

A lo largo de su intervención, señaló que “el plan tiene tres grandes objetivos”, entre ellos “reducir rápidamente las listas de espera” de la dependencia. Y es que, actualmente, hay 230.000 personas que ya tienen reconocida su condición de dependientes pero no han percibido la prestación a la que tienen derecho.

Además, el plan “requiere la mejora de las condiciones laborales de los profesionales”, de forma que “se van a reforzar criterios y requisitos para la acreditación de los centros” y “se va a paliar la insuficiencia de profesionales en el sistema”, al tiempo que “se revisarán los conciertos e los próximos tres años para mejorar las condiciones laborales”.

También se garantizarán estándares de calidad “con más inspección”, dijo Álvarez. Asimismo, existe un programa dotado con 25 millones orientado a mejorar la cualificación del personal de la dependencia y servicios sociales.

El secretario de Estado también aprovechó para recordar que en 2021 se regulará la figura del asistente personal -lo que se conoce comúnmente como cuidadores no profesionales- con una regulación que “pensamos que tiene un impacto relevante para la mejora de las prestaciones y sobre el propio empleo del Sistema de Dependencia”.

Por último, celebró que este plan de choque “es una de las reformas posibles gracias al esfuerzo de todos y el alto grado de diálogo y consenso” entre actores sociales y administraciones. Estará dotado con 3.600 millones de euros hasta 2023 y pretende hacer reformas de calado en la estructura de la dependencia.

Entre otras cuestiones, se contempla una subida de las cuantías del nivel mínimo del 17,4% y la recuperación del nivel acordado, además de establecer objetivos prioritarios de mejora del sistema de dependencia para los próximos años, entre los que destacan reducir de forma sustancial la lista de espera y los tiempos de tramitación de las solicitudes.

También pretende reforzar la teleasistencia avanzada, tender a modelos residenciales más pequeños y “centrados en la persona” o profesionalizar el cuidado a mayores y personas en dependencia.