El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este viernes el plan del Gobierno contra el empleo sumergido que entrará en vigor mañana y que establece un plazo voluntario de regularización de los trabajadores hasta el próximo 31 de julio.

El texto definitivo del plan no recoge el reconocimiento de las cotizaciones a la Seguridad Social que los trabajadores en situación irregular habrían realizado en caso de haber estado empleados de forma legal.

Finalmente, el Ejecutivo modificó el último borrador que había enviado a los agentes sociales en el que sí que establecía que las altas se retrotraerían hasta el 1 de enero de este año.

Otra novedad que recoge el texto definitivo respecto del último borrador es el plazo voluntario que se da a las empresas para que afloren el empleo regular sin tener que hacer frente a las nuevas sanciones, que serán más duras que las establecidas hasta ahora.

Así, mientras que el borrador fijaba como fecha límite para llevar a cabo el afloramiento voluntario el 30 de junio, finalmente el real decreto establece que será el 31 de julio. Sin embargo, transcurrido este plazo las sanciones se endurecerán significativamente.

Las empresas que incumplan la obligación de alta y afiliación de sus trabajadores a la Seguridad Social afrontarán una sanción de entre 3.126 y 10.000 euros, frente a una multa actual que se establece entre los 626 y los 6.250 euros.

Por su parte, las sanciones a los trabajadores por compatibilizar el cobro de prestaciones de desempleo o Seguridad Social sólo cambiarán en su cuantía mínima, que pasará de los 6.251 euros a los 10.001 euros. El máximo se mantiene en los 187.515 euros.

El plan igualmente comprende la intensificación de la actividad y eficacia de las actuaciones de vigilancia y control del trabajo no declarado, por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el marco de las distintas acciones emprendidas contra el fraude en los últimos años.

Asimismo, con objeto de alcanzar los objetivos perseguidos y de incrementar la conciencia social contra el fraude a la Seguridad Social que supone el empleo irregular, el Gobierno establece que se llevarán a cabo campañas de sensibilización pública.